Gobierno de México rechaza informe de la ONU sobre desapariciones

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El Gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, al considerar que presenta una visión parcial sobre la situación de desapariciones en el país y no refleja los avances recientes.

La postura oficial surgió luego de que el comité pidiera al secretario general de la ONU, António Guterres, llevar el tema ante la Asamblea General para su revisión urgente.

A través de un comunicado, el gobierno mexicano señaló que el documento no toma en cuenta información actualizada ni las acciones implementadas en los últimos años para enfrentar este problema, por lo que consideró que sus conclusiones no corresponden a la realidad actual del país.

Las autoridades también indicaron que gran parte del análisis del comité se centra en hechos ocurridos entre 2007 y 2017, durante administraciones pasadas, y en casos registrados en entidades específicas, lo que —a su juicio— deja fuera cambios recientes en las políticas públicas.

Además, el gobierno criticó que no se haya incorporado información entregada previamente por México, en la que se detallan medidas para mejorar la búsqueda de personas y fortalecer las investigaciones.

Entre esas acciones mencionó la creación de nuevos mecanismos para localizar a personas desaparecidas, la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte y el fortalecimiento de bases de datos y áreas especializadas.

También destacó una mayor coordinación entre autoridades y el impulso de reformas legales, así como el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de Búsqueda.

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El gobierno reiteró que no existe una política estatal para cometer desapariciones forzadas y aseguró que mantiene colaboración con organismos internacionales en materia de derechos humanos, aunque subrayó que dicha cooperación debe basarse en información completa y actualizada.

Por su parte, el comité de la ONU reconoció que no encontró pruebas de una política generalizada del Estado mexicano para cometer este delito, pero señaló que existen casos en los que habría participación o tolerancia de funcionarios públicos.

Finalmente, el organismo internacional planteó que la problemática también está vinculada a la violencia generada por el crimen organizado y a factores que se han desarrollado en los últimos años, por lo que llamó a reforzar las acciones para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones en México.

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