
El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas decidió escalar el caso de México a la Asamblea General al considerar que la situación requiere atención urgente a nivel internacional.
La solicitud ya fue enviada al secretario general, António Guterres, quien deberá presentar el tema para que los países miembros analicen posibles acciones de apoyo.
El organismo explicó que este procedimiento se utiliza en casos graves, cuando hay señales de que las desapariciones pueden ocurrir de forma extendida o repetida, lo que podría representar una violación seria a los derechos humanos.

También advirtió que, bajo el derecho internacional, este tipo de prácticas pueden llegar a considerarse delitos de gran impacto, por lo que requieren atención y cooperación entre países.
Como parte de su planteamiento, el comité propuso que la comunidad internacional brinde apoyo a México con recursos, asesoría técnica y acompañamiento en tareas clave como la búsqueda de personas, identificación forense y fortalecimiento de investigaciones.
Asimismo, sugirió crear mecanismos que garanticen atención a las familias de las víctimas, así como respaldo a colectivos y organizaciones que participan en las labores de búsqueda.
El organismo aclaró que esta medida no es una sanción contra el Estado mexicano, sino una herramienta para fortalecer la cooperación y mejorar la respuesta ante la problemática.
En su evaluación, el comité retomó observaciones de varios años, en las que ha señalado que la desaparición de personas es un problema persistente que no ha logrado ser contenido.
Como ejemplo, mencionó el hallazgo constante de fosas clandestinas en el país, donde se han recuperado miles de cuerpos y restos humanos, muchos de ellos sin identificar.
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El comité también indicó que este fenómeno está ligado en muchos casos a la violencia del crimen organizado, aunque aclaró que no hay evidencia de una política federal para cometer desapariciones.
Sin embargo, señaló que en algunas investigaciones existen indicios de posible participación o tolerancia de autoridades, lo que refuerza la necesidad de profundizar las indagatorias.
Finalmente, destacó que la Asamblea General podría impulsar medidas concretas para apoyar a México en la prevención, investigación y atención de este delito, así como en el esclarecimiento de posibles vínculos entre funcionarios y grupos criminales.




