Silao arrastra una secuencia de crímenes que ya suma 18 asesinatos violentos en los últimos dos meses del año.
Enero cerró con dos homicidios, febrero repitió con dos, marzo escaló hasta doce y abril acumula cuatro más, para un total de veinte.
En los últimos dos meses, la ola de violencia se ha incrementado.
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Lo más grave no sólo está en la cifra. En ninguno de esos veinte casos existe reporte público sobre capturas de responsables o avances.
Ese dato retrata la dimensión completa del problema: crecen los asesinatos, se expanden por el municipio y la autoridad investigadora permanece inmóvil y muda.
Todos los crímenes ocurrieron con violencia. No aparecen riñas comunes ni muertes accidentales. El patrón dominante apunta a ejecuciones y ataques directos.
De las veinte víctimas registradas, cuatro fueron mujeres y dieciséis hombres. La violencia golpeó sin distinción y dejó un saldo extendido en el municipio.
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Los homicidios se distribuyeron en la zona centro, carretera federal 45, Guadalupe de Ramales, Los Fresnos, La Esperanza, Loza de Barrera y La Curva.
También figura Hacienda de Rey, otro punto que confirma una expansión territorial del crimen y destruye cualquier intento oficial por reducir el problema.
Cuando los asesinatos brotan en colonias, comunidades, vialidades y zonas de paso, la violencia deja de parecer focalizada. Entonces revela control criminal
Ese mapa de muertes describe otra verdad incómoda: los agresores entran, atacan, escapan y desaparecen sin que la autoridad presente resultados verificables.
A la ola de homicidios se suma una omisión que resulta insultante. La fiscalía nunca hizo públicos los nombres de las personas asesinadas.
Tampoco informó líneas de investigación, posibles móviles, contexto de los ataques ni elementos concretos que permitan entender quién mata y por qué.
Peor aún, la fiscalía no reportó detenciones en ninguno de los veinte homicidios. No hay responsables capturados, consignados ni presentados ante la sociedad.
Ese silencio no protege a las familias. Ese silencio erosiona la confianza pública, multiplica las dudas y refuerza la percepción de impunidad.
Porque cuando asesinan a veinte personas en cuatro meses y nadie cae por esos crímenes, la impunidad deja de parecer excepción.
Silao no sólo padece violencia criminal. Silao también carga una respuesta institucional pobre, opaca y ausente frente a ejecuciones repartidas por todo el territorio.
