La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato abrió de oficio una queja contra agentes ministeriales por la agresión al periodista Mako Sierra en Juventino Rosas. La dependencia acudió al hospital para recabar su testimonio inicial y ratificar la denuncia.
La procuradora Karla Gabriela Alcaraz Olvera condenó el ataque y afirmó que ninguna autoridad debe impedir el ejercicio periodístico mediante violencia, amenazas o intimidación contra reporteros durante coberturas informativas en comunidades rurales.
Mako Sierra documentaba un operativo en San Antonio de las Maravillas cuando observó presuntos abusos contra mujeres de la comunidad. Según su denuncia, seis agentes de la AIC y del grupo GERI reaccionaron con violencia.
El reportero aseguró que los elementos lo rodearon entre unidades oficiales, lo golpearon con patadas, lo tiraron al piso y le arrebataron su celular donde guardaba fotografías y videos del operativo.
También relató que uno de los agentes lo golpeó con la cacha de un arma larga en la cabeza. Sus lentes se rompieron y sufrió lesiones visibles, además de mareos intensos.
Después de la agresión, los ministeriales lanzaron amenazas directas. “Para la otra te vamos a levantar”, le dijeron antes de retirarse, según declaró el propio periodista ante medios y autoridades.
Su compañero pidió apoyo médico porque Mako comenzó a vomitar, presentó convulsiones y perdió fuerza. Personal de emergencia lo trasladó primero al Hospital Comunitario de Juventino Rosas para valoración urgente.
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La Fiscalía General del Estado informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, fincar responsabilidades y aplicar sanciones. También activaron medidas de protección para resguardar al comunicador.
Hasta ahora, PRODHEG no identifica plenamente a los agresores, pero mantiene abierta la investigación. El caso vuelve a exhibir los riesgos que enfrentan periodistas en Guanajuato por ejercer su trabajo.
