Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios mexicanos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
La acusación federal, divulgada en Nueva York, atribuye a los señalados una supuesta colaboración política, financiera y operativa con la organización criminal sinaloense mexicana.
Autoridades estadounidenses sostienen que los funcionarios facilitaron el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio norteamericano mediante acuerdos millonarios.
El expediente apunta a una red de protección institucional que habría beneficiado a Los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera directamente.
Entre los señalados figuran actuales y exfuncionarios de Sinaloa, además de perfiles políticos ligados a estructuras estatales y municipales de Sinaloa.
El Departamento de Justicia afirmó que los cargos también incluyen delitos por armas, explosivos y conspiración para introducir drogas en gran escala al país.
Ninguno de los acusados permanece bajo custodia estadounidense, aunque Washington mantiene interés en posibles procesos de extradición contra los funcionarios señalados formalmente.
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El gobierno mexicano pidió pruebas formales antes de avanzar en cualquier procedimiento legal solicitado por Estados Unidos ante tribunales federales.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la Fiscalía General deberá revisar la información y determinar si existen elementos suficientes contra los involucrados en México.
El caso abre un nuevo frente diplomático y político entre ambos países, mientras Sinaloa enfrenta acusaciones que golpean directamente a su gobierno estatal morenista.
