El exsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega, se entregó a autoridades de Estados Unidos en Irlanda, de acuerdo con reportes del periódico Ríodoce, tras ser señalado en una investigación internacional por presuntos vínculos con el narcotráfico y otros delitos federales.
El exfuncionario, quien ocupó el cargo entre noviembre de 2021 y septiembre de 2024, habría decidido presentarse voluntariamente mientras se encontraba de vacaciones en ese país europeo, en medio del avance de las acusaciones en su contra.
Las autoridades estadounidenses lo señalan por presunta conspiración para la importación de narcóticos, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y artefactos explosivos, así como conspiración para su posesión, cargos que podrían derivar en una condena mínima de 40 años de prisión o incluso cadena perpetua en caso de ser declarado culpable.
La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos también incluye a otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa y Sonora, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, además de mandos de seguridad estatal y municipal.
Según la acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, los implicados habrían tenido presuntos vínculos con integrantes de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.
El expediente judicial señala que antes de la elección de 2021 se habrían realizado reuniones entre funcionarios y líderes criminales, así como presuntas acciones para favorecer la campaña de Rocha Moya, incluyendo la entrega de información sobre opositores políticos y actos de intimidación durante el proceso electoral.
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Otros reportes señalan además la detención en Arizona del general retirado Gerardo Mérida, extitular de Seguridad Pública de Sinaloa, como parte de las investigaciones paralelas en Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado a las autoridades estadounidenses la presentación de pruebas contundentes para que el gobierno mexicano determine los procedimientos legales correspondientes en materia de extradición y cooperación internacional.
