La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no existe ninguna obligación legal para mantener vigilancia especial sobre las ocho personas de Sinaloa requeridas por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, entre ellas el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que Rocha Moya permanece en su residencia en Sinaloa bajo resguardo de la Guardia Nacional, pero aclaró que esto no implica un operativo especial derivado de las acusaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos.
Sheinbaum detalló que, tras las órdenes de aprehensión emitidas por la justicia estadounidense, la Interpol generó fichas rojas contra los implicados, por lo que podrían ser detenidos si salen de territorio mexicano y viajan a otros países.
La presidenta indicó que la Fiscalía General de la República abrió investigaciones relacionadas con el caso; sin embargo, sostuvo que la ley mexicana no obliga al gobierno federal a implementar vigilancia específica sobre las personas señaladas mientras no exista una orden judicial en México.
También señaló que, de las 10 personas requeridas por autoridades estadounidenses, dos exfuncionarios ya se entregaron voluntariamente en Estados Unidos. Sobre este tema, afirmó que ambos decidieron acudir por cuenta propia y precisó que ninguno ha solicitado apoyo consular mexicano.
En cuanto al senador Enrique Inzunza, quien también figura entre los requeridos por las autoridades estadounidenses, Sheinbaum dijo no tener información sobre una posible solicitud de protección por parte de la Guardia Nacional.
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La mandataria reiteró que en México prevalece el principio de presunción de inocencia, por lo que para detener a cualquier persona es indispensable contar con una orden judicial y elementos suficientes dentro de una carpeta de investigación.
Finalmente, Sheinbaum afirmó que su gobierno no encubre a nadie y aseguró que, cuando existen pruebas, las autoridades mexicanas actúan conforme a la ley y colaboran con los procesos penales correspondientes.
