La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que establece como causal de nulidad electoral la intervención extranjera comprobada en los comicios, luego de una sesión que se extendió durante la madrugada y concluyó con mayoría calificada.
El dictamen modifica el artículo 41 de la Constitución para permitir la anulación de una elección cuando se demuestre con pruebas que hubo actos de injerencia externa que influyeron en el resultado.
La propuesta avanzó con el respaldo de Morena, PT y PVEM, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Tras su aprobación en San Lázaro, el proyecto será enviado al Senado, donde continuará su discusión legislativa.
Durante el debate, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presentó una modificación de última hora al texto original con el objetivo de precisar el alcance de la reforma y responder a críticas que señalaban que la redacción era demasiado amplia. Con ese ajuste, el documento señala que la nulidad procederá únicamente cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera con impacto directo en los resultados electorales.
Monreal sostuvo que aunque la Constitución ya contempla el principio de no intervención, hasta ahora no existía una sanción específica en materia electoral cuando gobiernos, agentes o intereses externos influyen en procesos democráticos nacionales. Señaló que la reforma busca cerrar ese vacío legal y reforzar la soberanía electoral del país.
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Desde la oposición, legisladores del PAN y PRI expresaron su rechazo a cualquier tipo de intervención extranjera, pero cuestionaron la rapidez con la que se discutió el dictamen y advirtieron sobre posibles riesgos relacionados con la interpretación de la norma. También señalaron preocupación por los cambios previstos en leyes secundarias vinculadas con medios de impugnación electoral.
Ante esos señalamientos, Monreal informó que continúan revisándose ajustes al dictamen relacionado con la legislación secundaria y dejó abierta la posibilidad de que su discusión se posponga para realizar modificaciones adicionales, luego de observaciones planteadas por distintas organizaciones que han advertido posibles implicaciones en materia de libertad de expresión.
