El alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, fue vinculado a proceso por un juez federal por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara pruebas que lo relacionan presuntamente con integrantes del Cártel de Sinaloa que operan en el oriente de Morelos.
La resolución fue emitida por un juez con sede en Hermosillo, Sonora, tras concluir el plazo otorgado a la defensa del edil para presentar elementos que evitaran el inicio del proceso penal en su contra.
De acuerdo con las investigaciones federales, Corona Damián fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de una indagatoria que involucra a funcionarios públicos y empresarios de Morelos. Las pesquisas fueron realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) con apoyo de instituciones del gabinete de seguridad.
Las autoridades señalan que existen indicios de una presunta relación entre el alcalde y Júpiter Araujo, alias “El Barbas”, identificado como líder regional del Cártel de Sinaloa en esa zona del estado.
Además de la vinculación a proceso, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el presidente municipal permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 11, ubicado en Sonora, mientras continúan las investigaciones.
El caso forma parte de una investigación más amplia que ha alcanzado a otros funcionarios y exfuncionarios de Morelos. El pasado 27 de mayo, cinco servidores públicos fueron vinculados a proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada y extorsión.
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Entre ellos se encuentran el alcalde de Atlatlahucan, Agustín “N”; el exalcalde de Yecapixtla, Irving “N”; así como Horacio “N”, secretario municipal de Cuautla; Pablo Adrián “N”, oficial mayor del ayuntamiento, y Jonathan “N”, tesorero municipal.
La autoridad judicial fijó un nuevo periodo de investigación complementaria para el caso de Jesús Corona Damián, etapa en la que tanto la Fiscalía como la defensa podrán presentar y desahogar pruebas.
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, el alcalde deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por un tribunal competente.
