El juicio político contra Samuel García avanzó este viernes en el Congreso de Nuevo León.
La Comisión Anticorrupción aprobó iniciar el procedimiento contra el gobernador por presuntos actos de corrupción y una supuesta triangulación de recursos públicos.
La propuesta fue aprobada con seis votos a favor. Los respaldos provinieron de legisladores del PRI, PAN y una diputada de Morena.
Por su parte, Movimiento Ciudadano emitió un voto en contra durante la sesión de la comisión.
Tras esta aprobación, el caso será enviado al pleno del Congreso local para continuar con el procedimiento legislativo.
Además, Samuel García tendrá un plazo de 15 días hábiles para presentar su declaración.
El gobernador podrá responder de manera presencial, por escrito o mediante un representante legal. La fecha límite establecida es el 23 de junio.
La solicitud de juicio político fue presentada el pasado 8 de junio.
La dirigente estatal de Morena, Anabel del Roble Alcocer, encabezó la petición junto con representantes y aspirantes a la gubernatura de ese partido.
Los promoventes argumentan que existen evidencias periodísticas sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
De acuerdo con la Comisión Anticorrupción, el asunto podría llegar al pleno del Congreso durante agosto.
Para que el procedimiento avance se requerirá el voto favorable de al menos 28 de los 42 diputados locales.
Si la mayoría lo aprueba, el expediente será remitido al Tribunal Superior de Justicia para su evaluación correspondiente.
Esta es la cuarta solicitud de juicio político presentada contra Samuel García desde que asumió el cargo.
La primera ocurrió en 2022 por la entrega tardía del Paquete Fiscal 2023.
Ese caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Suprema Corte determinó que el juicio político era válido. Sin embargo, aclaró que el Congreso estatal no tiene facultades para destituir al gobernador.
La segunda solicitud se presentó en 2023.
En esa ocasión se acusó al mandatario de no publicar decretos, reformas e iniciativas aprobadas por el Poder Legislativo.
El caso también fue revisado por la Suprema Corte.
Posteriormente, el máximo tribunal invalidó diversos decretos que el Congreso había difundido en su propia gaceta.
La tercera petición se registró en 2024 tras las elecciones de Monterrey.
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Samuel García fue señalado por una presunta intervención en el proceso electoral y por el supuesto uso indebido de recursos públicos.
Las acusaciones también incluyeron la promoción política de su esposa, Mariana Rodríguez.
Asimismo, fueron mencionados Luis Donaldo Colosio Riojas, Martha Herrera y Jorge Álvarez Máynez.
Ahora, el Congreso de Nuevo León analizará una nueva solicitud de juicio político contra Samuel García por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
