La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Guanajuato analiza una reforma a la Constitución federal para permitir que las fiscalías estatales tengan mayores facultades para investigar y perseguir delitos relacionados con la delincuencia organizada.
La propuesta busca fortalecer la coordinación con las autoridades federales y atender de manera más efectiva los delitos que afectan directamente a cada entidad.
El fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, respaldó la iniciativa al señalar que las instituciones federales actualmente no tienen capacidad suficiente para atender toda la demanda relacionada con delincuencia organizada.
Explicó que esto responde principalmente al estado de fuerza disponible y no a una falta de eficacia, por lo que consideró necesario sumar capacidades estatales para enfrentar a las estructuras criminales.
Vázquez Alatriste planteó que cuando una fiscalía estatal inicie una investigación por delincuencia organizada o delitos relacionados, deberá informar a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
Esta instancia podría determinar si ejerce su facultad de atracción, de acuerdo con sus políticas criminales y el interés institucional, manteniendo así la intervención federal en los casos que considere necesarios.
Representantes de la Consejería Jurídica señalaron que el cambio permitiría atender las distintas modalidades de delincuencia organizada desde los estados, especialmente cuando la centralización de investigaciones dificulta una respuesta rápida.
Sin embargo, aclararon que la propuesta no elimina las atribuciones federales, sino que plantea un esquema de concurrencia, coordinación y colaboración entre autoridades.
Durante la mesa de trabajo también surgieron cuestionamientos. El diputado David Martínez Mendizábal advirtió que las fiscalías locales podrían enfrentar dificultades por falta de especialización y por la saturación de casos que ya atienden.
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En contraste, Susana Bermúdez Cano consideró urgente fortalecer la capacidad de reacción desde lo local, mientras Juan Carlos Romero Hicks pidió mayor cooperación entre autoridades para enfrentar un problema que calificó como especialmente complejo.
La iniciativa contempla modificaciones a cuatro artículos de la Constitución y deberá continuar su análisis legislativo antes de avanzar en su proceso.
Además, se planteó la necesidad de crear juzgados y unidades especializadas, establecer una legislación nacional para distribuir competencias y garantizar recursos para proteger a jueces, fiscales y testigos frente a posibles represalias criminales.
