La Alianza por la Salud Alimentaria presentó una denuncia ante Cofepris para alertar sobre productos comercializados como ideales para el consumo escolar.
Las organizaciones civiles demostraron que jugos, leches saborizadas, yogures y postres mantienen altos niveles de azúcares y aditivos perjudiciales. Sin embargo, estas opciones carecen de los sellos negros obligatorios para ingresar a los planteles educativos.
Un análisis elaborado por El Poder del Consumidor evaluó 31 productos comercializados entre julio y agosto de 2026.
La investigación reveló que diversos jugos infantiles contienen proporciones de azúcar superiores a las de los refrescos tradicionales. Por ejemplo, un empaque de jugo de manzana de 500 mililitros registra el equivalente a 13 cucharaditas de endulzante acumulado.
La industria evade la norma de etiquetado NOM-051 al clasificar los concentrados de fruta como azúcares totales en lugar de añadidos.
Por esta razón, las marcas evitan la colocación visible de los sellos de exceso de calorías. Asimismo, las empresas incorporan ingredientes como lactasa, alulosa e inulina para alterar la composición química de los alimentos envasados.
Los especialistas advirtieron sobre el uso constante de colorantes artificiales como el amarillo 5, amarillo 6 y rojo 40. Estos aditivos están vinculados con problemas gastrointestinales, conductas de hiperactividad e intolerancias alimentarias en la infancia.
Por lo tanto, los activistas solicitaron la exclusión inmediata de estos envases del catálogo autorizado para cooperativas escolares.
La crisis de salud pública actual muestra que más de 12 millones de niños y adolescentes viven con sobrepeso en México. De igual manera, las proyecciones médicas estiman que la mitad de la población infantil podría desarrollar diabetes al llegar a la adultez.
Ante este panorama, los especialistas recordaron que las bebidas azucaradas provocan miles de muertes anuales en el país.
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El marco normativo vigente desde 2025 prohíbe la distribución de productos con advertencias sanitarias en los centros educativos.
No obstante, las corporaciones buscan mantener un mercado escolar estimado en miles de millones de pesos mediante presentaciones modificadas.
Las organizaciones civiles instaron a la autoridad sanitaria a ejercer sus facultades de revisión para garantizar entornos protegidos.
