Durante los dos primeros años de la actual administración federal, 53 servidores públicos fueron vinculados a proceso penal por delitos relacionados con corrupción.
El dato fue presentado por Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
Además, la funcionaria informó que las acciones de prevención permitieron proteger 83.8 mil millones de pesos mediante compras, contratos y mejoras en la organización gubernamental.
De acuerdo con el informe presentado por Buenrostro, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno recibió y presentó 517 denuncias contra servidores públicos durante este periodo.
Como resultado de esas investigaciones, 53 servidores públicos fueron vinculados a proceso por delitos relacionados con posibles actos de corrupción.
Entre los delitos detectados se encuentran enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y peculado.
La secretaria explicó que algunas faltas administrativas también pueden constituir delitos. Por ello, esos casos son enviados a la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones correspondientes.
Más de 4 mil servidores públicos fueron sancionados
Además de los procesos penales, durante los primeros dos años del gobierno federal fueron sancionados administrativamente 4 mil 193 servidores públicos.
De esa cifra, 3 mil 528 recibieron sanciones por faltas consideradas no graves, mientras que otros 665 fueron sancionados por faltas graves.
Entre las irregularidades identificadas aparecen pagos indebidos, compras injustificadas y autorización de servicios que no fueron entregados conforme a los contratos establecidos.
También se detectaron casos relacionados con la sustracción de información bajo responsabilidad de funcionarios, falsificación de documentos y situaciones de hostigamiento o acoso sexual.
Por otra parte, mil 737 servidores públicos fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para continuar con sus procedimientos.
De esos expedientes, 87 ya fueron notificados con una sanción, mientras que mil 650 casos permanecen en proceso ante el tribunal.
También sancionan a empresas por irregularidades
Las acciones contra la corrupción también alcanzaron a empresas y otras personas morales que participaron en contratos con el gobierno federal.
Durante este periodo fueron sancionadas 286 personas morales. De ellas, 222 fueron inhabilitadas y recibieron multas, mientras que otras 64 recibieron únicamente una sanción económica.
Las multas impuestas a estas empresas permitieron obtener 147.3 millones de pesos, según el informe presentado durante la conferencia presidencial.
Entre las principales irregularidades detectadas estuvieron la presentación de documentos falsos y el incumplimiento de contratos para entregar bienes o prestar servicios.
Asimismo, se identificaron empresas que simularon experiencia técnica, capacidad económica o personal suficiente para cumplir con los contratos que obtuvieron.
Otro problema señalado fue la ocultación de posibles conflictos de interés durante los procesos de contratación gubernamental.
Además, se impusieron 118.5 millones de pesos en sanciones por infracciones relacionadas con particulares que manejan datos personales.
Prevención permitió proteger 83.8 mil millones
Más allá de las sanciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó resultados económicos relacionados con medidas de prevención.
En total, las acciones implementadas durante estos dos años permitieron proteger 83.8 mil millones de pesos de recursos públicos.
La mayor cantidad, 42.2 mil millones de pesos, corresponde al seguimiento realizado a la administración de contratos gubernamentales.
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Asimismo, otros 29 mil millones de pesos fueron protegidos mediante procesos para mejorar las compras realizadas por el gobierno federal.
A esta cifra se suman 7.8 mil millones de pesos relacionados con una mayor eficiencia en la organización del gobierno.
Finalmente, otros 4.8 mil millones de pesos corresponden a recursos derivados de sanciones aplicadas durante este periodo.
De esta manera, el informe presentado por Buenrostro combina acciones preventivas, sanciones administrativas y procesos penales contra servidores públicos involucrados en posibles actos de corrupción.
