La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió investigar las denuncias de abusos policiales en Guanajuato y Jalisco. Además, rechazó la tortura y exigió identificar a quienes ordenaron o ejecutaron las presuntas agresiones.
Durante la conferencia matutina de este miércoles 14 de octubre, la mandataria solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar a fondo los señalamientos. También pidió esclarecer las actuaciones de las corporaciones durante operativos, detenciones y manifestaciones.
La declaración surgió después de que la periodista Jeanette Alcantar, del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato, expusiera casos denunciados en ambas entidades.
Exhiben denuncias de abusos policiales en Guanajuato
Durante su intervención, la periodista mencionó la presunta agresión contra el reportero Jorge Luis Sierra por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.
También expuso la denuncia de tortura contra seis estudiantes de la Universidad de Guanajuato, quienes habrían sido detenidos por policías municipales. A estos señalamientos sumó un video en el que, según lo expuesto, el director operativo de la Policía de León, Óscar Nava, agrede físicamente a una mujer.
Otro caso mencionado fue el de Iván, un joven obrero de 19 años que, de acuerdo con la denuncia presentada, habría sido asesinado por policías estatales en San Felipe.
La periodista señaló que la familia enfrenta además un proceso de estigmatización y criminalización. Sin embargo, cada señalamiento corresponde a circunstancias particulares que requieren investigaciones para establecer responsabilidades.
Sheinbaum exige esclarecer agresiones en Jalisco
La presidenta también se refirió a las denuncias de violencia cometida por corporaciones policiales de Jalisco. Entre los señalamientos expuestos destacaron el uso de chorros de agua, gases lacrimógenos y presuntos actos de tortura contra jóvenes.
“No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco”, sostuvo Sheinbaum al rechazar las agresiones denunciadas durante actuaciones de las fuerzas del orden.
Por ello, solicitó a la CNDH realizar una investigación profunda y entrevistar a las víctimas. Asimismo, pidió esclarecer quién dio las órdenes y determinar quiénes participaron directamente en los posibles abusos.
La mandataria sostuvo que, cuando los hechos lo ameriten, la CNDH o la Fiscalía General de la República deberán intervenir conforme a sus atribuciones.
Investigar quién ordenó los abusos y quién los ejecutó
Sheinbaum insistió en que ninguna autoridad puede justificar la tortura durante una detención. Además, señaló que las investigaciones deben identificar tanto a quienes ejecutaron las agresiones como a quienes pudieron ordenar los operativos.
La investigación de posibles abusos no debe limitarse a determinar si existieron lesiones. También necesita esclarecer las instrucciones recibidas por los agentes, el uso de la fuerza y los mecanismos de supervisión.
En ese sentido, la presidenta recordó que existe una responsabilidad directa de los gobiernos estatales sobre el desempeño de sus policías. Por lo tanto, las denuncias de tortura no pueden quedar fuera de la supervisión institucional.
Los señalamientos presentados durante la conferencia no representan, por sí mismos, una resolución judicial sobre los policías involucrados. Para establecer responsabilidades se necesitan pruebas, testimonios y garantías procesales.
Rechazan que la tortura sea un método de control
La prohibición de la tortura constituye una obligación del Estado mexicano. Por ello, ninguna detención, manifestación o circunstancia de un operativo puede justificar este tipo de prácticas.
Las corporaciones tienen facultades para proteger a la población y hacer cumplir la ley. Sin embargo, deben actuar bajo principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, respetando los derechos humanos.
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Además, las denuncias requieren investigaciones independientes que permitan preservar evidencias, proteger a las víctimas y evitar represalias contra quienes documentan los hechos.
La confianza ciudadana también depende de que las autoridades investiguen a sus propios integrantes cuando existen indicios de abuso de poder. En consecuencia, los resultados deben traducirse en responsabilidades administrativas o penales cuando corresponda.
