Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes 6 de noviembre un paro contra el nuevo esquema de evaluación de desempeño. La protesta afecta al menos 22 sedes distribuidas en más de 16 estados del país.
Los empleados rechazan los criterios establecidos en un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consideran que el mecanismo podría poner en riesgo su estabilidad laboral y abrir la puerta a posibles represalias.
Aunque los inconformes aceptan someterse a evaluaciones, exigen reglas objetivas, capacitación y garantías para evitar despidos injustificados. Por ello, anunciaron la suspensión de actividades mientras buscan modificar las disposiciones con las autoridades judiciales.
Extienden paro en el Poder Judicial a más de 16 estados
En la Ciudad de México, trabajadores de la sede de San Lázaro colocaron candados y organizaron un plantón desde la medianoche. Además, advirtieron que mantendrían la suspensión hasta conseguir modificaciones al acuerdo.
Sin embargo, los manifestantes permitirían el acceso para actividades relacionadas con el Centro de Desarrollo Infantil, seguridad y otros servicios. De esta manera, buscan mantener algunas funciones mientras continúan las protestas.
La inconformidad también se extendió a otras instalaciones judiciales del país. Hasta el momento, los reportes contabilizan afectaciones en al menos 22 sedes ubicadas en más de 16 entidades, aunque no se detalló el impacto en cada una.
Cuestionan evaluaciones por posibles despidos
El esquema establece evaluaciones para secretarios proyectistas, asistentes, actuarios y oficiales judiciales. Las pruebas están programadas para los días 4, 8, 14 y 15 de diciembre, como parte de una revisión del desempeño profesional.
El mecanismo contempla una calificación de cero a 100 puntos para medir conocimientos, preparación profesional y desempeño. Asimismo, busca identificar las capacidades del personal y contribuir a mejorar la calidad de la administración de justicia.
No obstante, los trabajadores cuestionan que el examen de conocimientos represente el 40 por ciento de la calificación. El porcentaje restante considera valoraciones de superiores, compañeros y otros indicadores que consideran susceptibles de interpretaciones subjetivas.
Defiende el OAJ carácter diagnóstico de las pruebas
Ante las protestas, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) sostiene que la evaluación de diciembre tendrá carácter diagnóstico. Su propósito, explicó, consiste en identificar las necesidades de capacitación de los trabajadores.
Por lo tanto, la autoridad asegura que estos primeros exámenes no tendrán consecuencias inmediatas sobre la permanencia del personal. Sin embargo, esta explicación no ha convencido a quienes cuestionan las condiciones generales del mecanismo.
La preocupación se relaciona con las disposiciones que contemplan posibles bajas para quienes obtengan 59 puntos o menos. El esquema establece una segunda oportunidad mediante un examen extraordinario, sujeto a determinadas condiciones.
En ese escenario, los trabajadores podrían perder su empleo si no solicitan esa evaluación, no reciben autorización o reprueban nuevamente. Por ello, consideran necesario revisar las reglas antes de que comiencen las pruebas programadas para diciembre.
Busca sindicato modificar evaluación del Poder Judicial
El dirigente sindical Jesús Gilberto González Pimentel llamó a los trabajadores a no presentar los exámenes mientras continúe la inconformidad. Además, anunció reuniones con las autoridades para revisar los puntos cuestionados del acuerdo.
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Las conversaciones se realizarán con el Órgano de Administración Judicial, encabezado por Ernesto Vargas Solano. El objetivo consiste en analizar las disposiciones y buscar modificaciones que eviten afectaciones a los derechos laborales del personal.
González Pimentel advirtió que, si las negociaciones no avanzan, el sindicato analizará los siguientes pasos. Mientras tanto, las protestas mantienen la presión sobre las autoridades para revisar el mecanismo de evaluación.
