
El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y el entonces secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores Velázquez, fueron condenados a 60 años de prisión, junto con otras 26 personas, por homicidios relacionados con los hechos del 26 de septiembre de 2014.
La sentencia corresponde al asesinato de seis personas, entre ellas Julio César Mondragón Fontaine, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, así como al homicidio simple en grado de tentativa contra 61 personas durante el ataque al equipo de futbol Los Avispones.
Mondragón Fontaine participó en las movilizaciones de sus compañeros en Iguala. Al intentar escapar de los disparos de policías municipales, fue perseguido y su cuerpo apareció al día siguiente sin rostro.
De acuerdo con la resolución del juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, Irving Joan González Balleza, Abarca actuó como inductor de los crímenes, mientras que Felipe Flores fue considerado autor mediato.
Sin embargo, los abogados del exalcalde impugnaron la sentencia de primera instancia. Por ello, un tribunal colegiado deberá determinar si confirma, modifica o revoca el fallo.
Abarca acumula otros procesos penales
José Luis Abarca fue detenido en 2014 por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Inicialmente ingresó al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
No obstante, en mayo de 2025 se informó que había sido trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 18, en Coahuila, después de permanecer más de una década en el Altiplano.
Además, enfrenta una condena de 20 años de prisión por el homicidio del activista social Justino Carbajal Salgado, ocurrido en marzo de 2013.
También está sujeto a procesos penales por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud.
Familia exige investigar tortura de Julio César
Tras conocerse la sentencia, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, organización que acompaña a la familia de Julio César Mondragón, consideró que la resolución representa un avance después de 12 años de espera, pero dejó fuera el delito de tortura.
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En un pronunciamiento, señaló que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura obliga a México a investigar estos hechos de oficio y sancionar a los responsables.
Por ello, la familia y la organización exigieron a la Fiscalía General de la República investigar el asesinato como tortura, utilizando los dictámenes forenses existentes.
También pidieron que la FGR recurra a la segunda instancia para atender los aspectos que quedaron sin resolver y garantice una reparación integral del daño para la familia.




