GUANAJUATO, GTO. La Presidencia Municipal de Guanajuato reservó por 5 años, la información relativa al número de elementos de seguridad pública que realizan labores de escolta o guardaespaldas para funcionarios públicos y familiares.

Se adoptó esta medida en razón de que divulgar esa información podría comprometer la seguridad pública del municipio de Guanajuato, de sus habitantes y transeúntes, de acuerdo con una resolución del Comité de Transparencia del municipio.

Entregar la información, pudiese inferir y obstaculizar el desarrollo de las funciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, según certificó dicho comité, en sesión ordinaria celebrada el 2 de julio.

Sobre la justificación de contar con escoltas, la alcaldía informó a través de su Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública que de acuerdo al artículo 37-1 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, el presidente y el funcionario municipal que de manera exclusiva y directa ejerzan la dirección de las funciones en materia de seguridad pública tendrá el derecho a protección y seguridad personal, durante el tiempo que dure el encargo y un año más de concluido, siempre y cuando no sea removido por causa grave.

De esta forma, el gobierno de Alejandro Navarro le pone candado a la información sobre los guaruras que los protegen.

Alcaldía oculta información sobre número de elementos que laboran como guaruras de funcionarios

Recientemente, en el Congreso del Estado se presentó una iniciativa por parte del Grupo Parlamentario del PRI, para establecer que los exfuncionarios que deseen gozar de este beneficio, deberán acreditar suficiente y fehacientemente la extrema necesidad de contar con protección personal, lo que implica también que sea a solicitud de parte interesada, es decir, para hacerse de ella deberán valerse de todo aquello que pueda demostrar que la protección y seguridad personal le es absolutamente indispensable para vivir en armonía y sin temor a ser afectados en su persona.

PREVALECE OPACIDAD

Esta resolución de reservar información es contraria a lo resuelto en 2011 a nivel federal, cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) abrir a los ciudadanos la información estadística de policías federales ministeriales que trabajan como escoltas de funcionarios públicos estatales y federales.

Así, por instrucción del IFAI, la dependencia dio a conocer cuántos de esos elementos policiacos prestan el servicio de escoltas a funcionarios y el gasto que esto representa para el erario.

No se preguntó sobre acciones específicas de dichos guardaespaldas, que interfiriera con su parte operativa.

El pleno del instituto resolvió revocar la respuesta que la PGR había dado a un particular que solicitó la información, en el sentido de que ésta se mantenía reservada por 12 años.

El particular solicitó conocer el número de policías federales ministeriales que laboran como escoltas de funcionarios públicos; a cuántos servidores públicos se les brinda el servicio y si los funcionarios son del ámbito federal o estatal.

Además, requirió saber el horario de trabajo de los policías guardaespaldas y cuáles son sus percepciones por estas labores, así como el monto del gasto que eroga la PGR en sueldos, vehículos, utilización de armas y viáticos para estas funciones.

La PGR, a través de las unidades administrativas a las que fue turnada la solicitud de acceso, reiteró la reserva de la información, argumentando que con su publicidad sería posible identificar y ubicar físicamente tanto al guardaespaldas como a los servidores públicos a quienes se da el servicio de protección y seguridad.

Inconforme con la negativa de entrega de información, el solicitante presentó recurso de revisión ante el IFAI, el cual fue turnado, para su análisis, a la ponencia del comisionado Ángel Trinidad.

Por lo que el instituto determinó que la PGR entregue los datos estadísticos solicitados, ya que la Procuraduría no proporcionaría información logística, ni técnica de los equipos utilizados, ni estrategias de la Policía Federal Ministerial.

Habrá que ver si la información que se reserva por cinco años por parte de la alcaldía capitalina, y que reservó también el municipio de Silao en el mismo ámbito, es impugnada por quien hizo la petición, en su derecho como ciudadano a la información.

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