En la Conferencia de la International Cpted Association (ICA), agosto en Cancún, compartí aprendizajes en temas de prevención del delito.

Me incorporé a PGR como Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales el 21 de agosto del 2008, día que sesionó el Consejo Nacional de Seguridad Pública y se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en medio de una gravísima crisis de seguridad pública ocasionada por la interacción de (i) mercados ilícitos, (ii) logística delictiva evolucionada y con acceso al mercado de armas de EU, y (iii) deterioro institucional (abandono de policías municipales y MPs, principalmente).

Nos empezó a correr tiempo para realizar las tareas correspondientes ahí acordadas. Ese Acuerdo integró demandas de foro plural de instituciones y activistas. Se definieron tareas a cargo de los tres órdenes de gobierno, así como de sociedad civil.  Se concibieron entonces: el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, el Sistema Nacional de Desarrollo Policial, la Estrategia Nacional para combatir el Lavado de Dinero (incluyendo extinción de dominio), acciones para fortalecer redes de atención a víctimas del delito a nivel nacional, expedir la cédula de Identidad; ampliar la red de Centros “Nueva Vida” por la Secretaría de Salud.

También: Fortalecer el Programa de Rescate de Espacios Públicos, el Programa Escuela Segura, creación de un Observatorio Ciudadano que supervise el cumplimiento de compromisos; crear indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia.

Los ayuntamientos se comprometieron a desarrollar programas que incorporaran el componente social a su estrategia de seguridad y aplicar el Nuevo Modelo de Policía –basado en investigación científica para prevenir, que la mayoría siguen incumpliendo-.

De organizaciones de la sociedad civil hubo compromiso de promover la denuncia (elemento fundamental, primer eslabón para detección temprana del delito) y participación ciudadana; cultura de la legalidad; creación y fortalecimiento de mecanismos de monitoreo y  evaluación de las autoridades para erradicar la corrupción y aumentar la eficiencia y el reconocimiento social, entre muchas.

Nos correspondió participar también en la elaboración de la iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública derivada de ese Acuerdo Nacional (promulgada en enero del 2009); se distinguieron ahí los fines de la seguridad humana o ciudadana -salvaguardar la integridad, libertades y derechos de las personas- de los fines de la seguridad pública u objetiva -preservar el orden y la paz públicos-.

Se diseñó en esta Ley al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, con atribuciones para proponer lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención; promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana; dar seguimiento y evaluar los programas implementados por las Instituciones de Seguridad Pública.

En enero del 2010 el Presidente Calderón me designó Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; echamos a andar el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, con una visión de seguridad ciudadana como construcción ciudadana. Apostamos porque el Consejo Nacional acordara que del Subsidio para la Seguridad Municipal fuese comprometido para prevención cuando menos el 10% el primer año; el segundo lo duplicamos a mínimo el 20%, y pensábamos destinar a prevención hasta el 50%, y 50% a las demás tareas de seguridad –lo eliminaron Peña y Osorio en el 2016-.

En 2011 publicamos los primeros  Lineamientos de la Política de Prevención Social de la Violencia, la Delincuencia y la Participación Ciudadana. En el 2012 se promulgó la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que vino a resolver las distorsiones conceptuales recurrentes (desconocen multicausalidad de violencias, privilegian persecución sobre la prevención); y a establecer políticas de Estado de largo plazo que deben ir más allá de gobiernos, como luego compartiré.

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