Lo dicho: Criminalizar a diestra y siniestra es irresponsable, más cuando lo hace una autoridad.

Desde hace años, particularmente en el sexenio de Miguel Márquez, se ha sostenido como una parte del discurso de autoridades frente a la violencia en Guanajuato que “se matan entre ellos”, y con “ellos” los funcionarios suelen aludir, o claramente definir a “los malos”.

Este discurso esto suele aterrizar en los gobiernos municipales como si fuera la foto oficial colgada obligadamente en las oficinas gubernamentales, en una entidad en la que el “Estado de Derecho” que ya se ha reinstaurado quién sabe cuántas veces se ha desinstalado con la velocidad de una aplicación móvil, porque asesinatos, bloqueos carreteros, asaltos y otros delitos no han reducido su embate a los años de la paz.

En Guanajuato capital, el presidente panista Alejandro Navarro trae la cantaleta de “son los malos a los que matan”, como si quienes los mataron fueran blancas palomas que nada más se dedican en la vida a “matar a otros malos”.

Al alcalde Navarro hay que explicarle mucho de la vida que parece no saber. Pero el espacio no alcanzaría, así que es cosa de ocuparnos de “la última” que soltó, a propósito del asesinato de una mujer, Alma, de 31 años, habitante del barrio de Tenería en Marfil.

De inmediato se ocupó de clasificarla como narcomenudista, vendedora de drogas y, por ende, “mala persona”, cuyo asesinato es “de los males, el menor”, para el presidente municipal.

Dicen que no hay mal que por bien no venga, y quizás al alcalde Navarro le venga bien aprovechar el conocimiento derivado de un trabajo de investigación jurídica y documental, histórica y legal, de la organización Equis Justicia, que en estos meses ha lanzado una campaña denominada #LiberarlasEsJusticia, el contexto es la única diferencia, en la que se pide al Estado mexicano que establezca un mecanismo legal para la liberación de mujeres que han sido víctimas de una política de combate a las drogas que tanto daño ha causado al país y a su sociedad.

Así las cosas:

“Las mujeres mexicanas han sufrido el impacto severo y desproporcionado de las política de drogas punitivas sobre ellas, sus familias y comunidades. Al encarcelar a una mujer por delitos contra la salud, el Estado no toma en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que la han llevado a realizar tales actividades, o historias de violencia, sobre todo sexual, que muchas de ellas han sufrido.

Hoy en México hay más de 3 mil mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud, muchas de las cuales fueron víctimas de violación de sus derechos. Entre ellas hay madres embarazadas, indígenas o trabajadoras del campo con dependientes económicos, cuyas condiciones o contexto para involucrarse en esos delitos no son tomadas en cuenta, ni investigadas.

Equis Justicia ha documentado que muchas mujeres “se ven obligadas a hacerlo debido a la falta de oportunidades y a la necesidad de apoyar a sus dependientes económicos”, mientras que otras consideran una obligación o son obligadas a obedecer a sus parejas o familiares que están involucrados en el tráfico de drogas.

También es un hecho que el encarcelamiento de esas mujeres “no tiene ningún impacto en disminuir el tráfico de drogas o mejorar la seguridad pública”, según esta organización, que se asoció con la organización WOLA (organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en el continente) para esta campaña.

Y seamos honestas y honestos: se castiga por tráfico de drogas a las mujeres pobres, ignorantes o con falta de oportunidad para defenderse y conocer sus derechos.

Esas mujeres están vivas. Alma, de 31 años, vecina de Tenería, no. Un criminal al que la Fiscalía general del estado tendrá que presentar para que responda por su asesinato, andará por ahí, riéndose de la ‘puntada’ del alcalde Alejandro Navarro, al que le hace mucha falta incidir desde su gobierno y sus responsabilidades en la prevención del delito dentro de la sociedad y documentarse mejor, antes de hablar.

 

 

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