Hay una “Estafa Maestra” en los archivos del gobierno federal del sexenio de Enrique Peña Nieto…pero hay otras muchas “Estafas alumnas” en tantos municipios y estados del país, que afloran cada día.

Hoy es la ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano y Territorial del sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, quien es llamada a comparecer ante un juzgado para enfrentar cargos por la disposición indebida de recursos públicos, que debieron aplicarse en programas sociales, en combatir la pobreza, en ayudar a las familias más necesitadas en el país.

Antes surgió ya el nombre del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, como implicado en otro uso ilegítimo de dinero, éste recibido en forma de “moches”, sobornos, “derecho de pica porte” para que empresas y empresarios tuvieran acceso a citas, contratos y compraventas fraudulentas con la paraestatal que administra el petróleo de esta nación donde vivimos.

Nada es menor, ni es lejano a cada mexicano, mexicana de a pie, en su casa, su pequeño negocio, con los hijos y las hijas en la escuela. Porque esos funcionarios tenían la obligación de trabajar para mejorar las cosas en el país, para cuidar los recursos públicos y usarlos honradamente y en lo que debían de usarlos, y como hicieron exactamente lo contrario, dañaron al gobierno, dañaron el presupuesto y nos dañaron a cada una y cada uno de quienes vivimos en este país.

Peor tantito.

El ex titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, ya reveló que no solamente cada titular de las áreas y dependencias federales sabían lo que estaba ocurriendo con la corrupción y el desvío de millones y millones de pesos del presupuesto federal, sino que también se reunió con el presidente Peña Nieto y le dijo todo lo que pasaba, quién, cómo, cuándo y cuánto se movía de las arcas federales a los bolsillos ajenos.

Rosario Robles en Sedatu y Sedesol; Alfredo del Mazo en Banobras; Emilio Chuayfett en la Educación Pública; José Reyes Baeza en FOVISSSTE; Emilio Lozoya en Pemex; Enrique Martínez y Martínez en Agricultura; Enrique Sánchez en Senasica; Alfredo Llorente en el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA); Gerardo Ruiz Esparza en Comunicaciones y Transportes; Ildefonso Guajardo en Economía y hasta el Registro Agrario Nacional con Manuel Ignacio Acosta.

Todos embarrados y a las pruebas se remite el ex titular de la Auditoría Superior de la Federación.

A estas estafas maestras hay que sumarle las decenas que cada día salen a relucir, desde los órganos fiscalizadores, las organizaciones civiles por la transparencia, el trabajo periodístico, en los estados y los municipios; en los congresos estatales, como el de San Luis Potosí donde la pasada legislatura y ésta se la han pasado inventando apoyos sociales, asesores y contrataciones para justificar el uso de recursos que van a otro lado.

En Silao tenemos nuestra “Estafa de los cuartos”, con los desvíos que se detectaron en la aplicación de los apoyos para los cuartos adicionales a familias en colonias populares y comunidades rurales.

No se nos olvida que la Auditoría Superior del Estado tiene las manos y ojos puestos en investigar este tema y fincar o deslindar responsabilidades.

En Guanajuato capital, tenemos la “Estafa televisiva” de quién sabe cuántas administraciones –por lo menos las últimas de Luis Fernando Gutiérrez, Nicéforo Guerrero, Edgar Castro y la actual de Alejandro Navarro- que se hicieron momias y dejaron de cobrar el derecho por el uso de vía a la cablera que programa los canales de TV Guanajuato, en evidente tráfico de intereses con el supuesto dueño Jorge Rodríguez Medrano.

Otro asunto al que no se le ve fin, en el que el actual alcalde muestra mano de mantequilla, pero en el cual la Auditoría Superior del Estado ha dejado claro que, de que deben los millones, los deben y los tienen que pagar porque es un daño al Municipio.

Que no se hagan.

 

 

 

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