El huachicol también es culpa de los omisos.

No es el descubrimiento del hilo negro, pero en su visita del pasado fin de semana a León, la periodista Ana Lilia Pérez, autora de la más amplia investigación periodística sobre Pemex y la corrupción que lo ha inundado desde hace décadas, puso el dedo en una llaga leprosa que carcome una parte de la estructura social en el territorio guanajuatense.

Sus libros, “Manos negras, camisas azules”, “El cártel negro” y “Pemex RIP”, repiten en distintos momentos de la historia de Pemex la conjugación literaria del verbo ‘huachicolear’ que pudo documentar en años de trabajo periodístico, en el que ha enfrentado amenazas que la obligaron a salir de México y vivir exiliada; allanamiento de las oficinas del medio donde trabajó –Contralínea- así como persecución y acoso judicial contra el director de dicho medio, el también periodista Miguel Badillo.

De esa importancia es el alcance de los descubrimientos, documentos de contratos, facturas, licitaciones, gastos, nóminas, reportes de incidentes, padrones de contratistas y otros tantos que ha hecho y ha obtenido. Para conseguirlos, a veces tuvo que pelear judicialmente en contra de los poderosos equipos de abogados de la paraestatal, que ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) le reprochaban a la periodista ‘abusar de su derecho a la información’ para obtener estos documentos, de interés público.

Así Ana Lilia Pérez pudo escribir que Pemex ha sido la caja chica de los gobiernos prácticamente desde unos pocos años después de su creación, cuando los políticos en los gobiernos y los delincuentes dedicados al narcotráfico se dieron cuenta de que podían saquearlo, corromper a sus funcionarios y directivos, y utilizar su infraestructura no sólo para robar y saquear los productos, sino para traficar droga a través de ductos, pipas y plataformas. Y luego, crear una industria paralela de huachicol y hasta convertirse –sí, ellos, los del crimen organizado- en contratistas directos de Pemex.

Pero en esta visita a León para presentar sus publicaciones en la Feria Nacional del Libro de León, la periodista dijo algo que también importa mucho en Guanajuato, en el momento y el contexto que está viviendo, con la operación de un grupo criminal que tiene al menos una década chupando ductos, creciendo y fortaleciéndose (el llamado Cártel Santa Rosa) y el ingreso sanguinario del Cártel Jalisco Nueva Generación .

“El Cártel Santa Rosa de Lima es resultado, no solo de la omisión de autoridades de todo tipo, sino de la colusión de agentes de policía, de militares que dejaron crecer el problema”.

En la bolsa de autoridades de todo tipo caben todos, y no es la generalidad porque los hay inmunes o resistentes a la corrupción, pero sí atraviesan todos los niveles: gobernadores, procuradores de justicia, secretarios de seguridad, mandos militares en el estado, policías federales, delegados de la PGR, secretarios de seguridad de municipios, alcaldes, policías municipales…

“Los gobernadores lo sabían”, dijo la periodista. La pregunta fue sobre Guanajuato, sobre Miguel Márquez, sobre Juan Manuel Oliva…quienes tuvieron a varios de los mismos funcionarios de seguridad que están hoy con Diego Sinhue Rodríguez.

Lo sabían, lo han sabido…no es mentira. Es información.

 

 

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