El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó por unanimidad un exhorto dirigido a la Fiscalía General del Estado, solicitando que, dentro de su autonomía técnica y de gestión, revise de manera integral su régimen laboral, condiciones de trabajo, percepciones, prestaciones y el recientemente implementado Sistema Complementario de Seguridad Social.
Asimismo, se pidió a la Fiscalía adoptar medidas de transparencia proactiva respecto al diseño y aplicación tanto del sistema de compensaciones y prestaciones como del nuevo esquema de seguridad social.
Este llamado surge a raíz de una propuesta de obvia resolución presentada por el grupo parlamentario de Morena. La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo explicó que el 1 de abril de 2024 se publicó una reforma al Reglamento Interior de la Fiscalía en el Periódico Oficial del Estado, mediante la cual se añadió un capítulo sobre este nuevo sistema de seguridad social complementario.
Aguilar Castillo criticó que este beneficio representa una prestación exclusiva al personal de la Fiscalía que no está disponible para la mayoría de los trabajadores del Estado, incluyendo apoyos por jubilación o vejez adicionales a los del ISSEG y una gratificación por fidelidad al concluir su encargo, aún si no califican para una pensión.
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La legisladora también denunció la opacidad de la Fiscalía, que inicialmente negó una solicitud de acceso a la información sobre cuántos servidores públicos habían recibido dicha prestación. Tras una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública, la Fiscalía tuvo que entregar los datos: el monto total pagado en gratificaciones por fidelidad asciende a 14.3 millones de pesos, incluyendo 3.9 millones otorgados al exfiscal Carlos Zamarripa.
Aguilar advirtió que estas gratificaciones impactan negativamente el presupuesto y la operación de la institución, ya que no podría garantizar este beneficio a todo su personal.
Durante la discusión, los diputados Carlos Abraham Ramos Sotomayor, Rodrigo González Zaragoza y Juan Carlos Romero Hicks respaldaron el exhorto.
Ramos Sotomayor señaló que el monto recibido por Zamarripa equivale a 13,988 días de salario mínimo, o 4,377 canastas básicas en Guanajuato, calificando el pago como un “robo descarado a la ciudadanía”. Exhortó a terminar con pactos políticos y simulaciones.
Por su parte, González Zaragoza remarcó que la autonomía de los organismos no debe ser excusa para evitar la rendición de cuentas, y subrayó la importancia de transparentar el uso del dinero público, “desde la compra de un lápiz hasta los pagos extraordinarios”.
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Romero Hicks enfatizó que las instituciones siempre pueden mejorarse, y que las prestaciones deben alinearse con lo establecido por la Ley General de Seguridad Pública y otras normativas. Recalcó que los derechos laborales son irrenunciables, y que toda remuneración debe ser transparente y auditable.
Más adelante, Ramos Sotomayor corrigió que ninguna ley está por encima de la Constitución, que establece que ningún funcionario puede recibir pagos que no estén autorizados por la ley ni el presupuesto de egresos.
Durante la votación particular, Romero Hicks presentó una reserva para modificar el texto del exhorto, con el fin de armonizarlo con los marcos técnico y jurídico. Su propuesta fue aprobada por mayoría, aunque Aguilar Castillo se pronunció en contra, al considerar que suavizaba la crítica y legitimaba prácticas irregulares por parte de la Fiscalía.
