Es desde lo local -familias, barrios, colonias, comunidades-, el ámbito municipal, donde pueden construirse las primeras soluciones a graves problemas de inseguridad que nos afligen a los mexicanos; no hay razones o motivos para esperar mucho del ámbito nacional en materia de seguridad, y en algunos casos, tampoco del estatal.

El principio del ser social de la subsidiariedad o complementariedad escalonada establece que es desde ese primer ámbito de gobierno donde los habitantes pueden y deben encontrar respuestas a sus necesidades primarias, entre ellas, la seguridad.

Tanto el Plan Nacional de Paz y Seguridad Ciudadana 2018-2024 -presentado en noviembre-, como la Estrategia Nacional de Seguridad  Pública, en mayo de éste año, no son conducentes porque:

1º, carecen de un diagnóstico nacional elaborado de la periferia al centro, con aportaciones municipales, estatales y regionales;

2º, porque desconocen el peso que tiene la delincuencia organizada en la generación de la violencia y la delincuencia en los municipios (organizaciones fuertemente armadas -como en ningún otro país- por distribuidores norteamericanos que canjean armas por droga);

3º porque su piedra angular es la Guardia Nacional, y el rol que asigna a la Sedena prolonga la militarización y centralización de fuerzas responsables del combate de los delitos, impidiendo formar el carácter comunitario de dicha Guardia en el corto y mediano plazo;

4º porque no revisa la arquitectura institucional del poder sancionador del Estado. al no proponerse resolver  la debilidad de las corporaciones municipales, crecientemente controladas por la delincuencia organizada, ni precisarse tramos de responsabilidad a cargo de municipio-estado-federación;

5º porque omiten una línea estratégica que considera a la seguridad ciudadana también construcción ciudadana, y en dicho plan la participación social o de las organizaciones sociales es marginal, si no francamente ignorada;

6º porque un diagnóstico para la Estrategia Nacional de Seguridad Pública debió incluir, al menos, los índices delictivos que se consideren prioritarios, las zonas más afectadas por los delitos, fortalezas y debilidades sociales, las condiciones con las cuales trabajan policías que no son preventivos sino reactivos, entre otros muchos indicadores ausentes (a AMLO no le gusta la aritmética).

Lo anterior, sin considerar contradicciones evidenciadas recientemente al interior del gobierno sobre si se dialoga o no con el crimen organizado y con los grupos de autodefensa. Y no se ha publicado el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia exigido en Ley General.

La realidad y las expectativas en el ámbito estatal son muy variadas pero no muy alentadoras en la mayoría de entidades, porque no hay tripulación, ni timón, ni brújula, ni cartas de navegación en seguridad. En Guanajuato padecemos de una situación inédita de inseguridad desde hace cuatro años; la mayoría de entidades como de los ayuntamientos está igual.

Realistamente veámonos, primero como islas, luego archipiélagos y al tiempo conformando una plataforma continental de espacios de paz. Contamos con Ley General adecuada porque propone un modelo de prevención eco-sistémico que establece las cartas de navegación pertinentes y que establece los cómos de diversas prevenciones sociales de violencia, para así encontrar primeras respuestas ciudadanos-ayuntamiento, a fin de  transitar más allá de la seguridad pública centralizada, autoritaria, como función única del gobierno, a la seguridad ciudadana que implica redimensionar los derechos e intereses de las personas, con ámbitos de acción individual, familiar y comunitario, en entornos sociocultural, económico y situacional, y la necesidad de garantizar que el Estado los protejan.

De esto conversamos en la Conferencia de la Asociación Internacional de CPTED, semana pasada en Cancún. Permítame en siguientes colaboraciones decirle cómo, ante el desamparo de la Federación (al 1er informe llegó con 23,027 asesinatos, frente a 12,528 de Peña o 7,061 de Calderón), del Estado y de mayoría de municipios.

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1 COMENTARIO

  1. En la corrupta e inepta isla azul (Edo. de Gto.) donde Robos de vehículos, robos a casa habitación, robos a negocios, robos a peatones, violaciones a mujeres, son el PAN de cada día y al por mayor (este cáncer es de competencia municipal y estatal) Pero como pedirle peras al olmo si los encargados de procurar e impartir justicia en el estado de Guanajuato, son cómplices de los mismos (cabeza de buey “vaca” y sarnozo “zamarripa”) coludidos hasta el tuétano. Así ni OBAMA puede. ¡Despierta Guanajuato!

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