CIUDAD DE MÉXICO.- Las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero presentaron 22 denuncias ante la Procuraduría General de la República contra funcionarios de 11 estados -incluido Guanajuato- por presuntos actos de corrupción cometidos en el ejercicio de recursos del Seguro Popular y del Fondo de aportaciones para los servicios de salud (FASSA), por un monto superior a los 36 mil millones de pesos.

Las denuncias acusan de peculado, cohecho y ejercicio indebido de facultades a funcionarios de los estados, entre los que está Guanajuato, por contratos celebrados con empresas fantasma, pagos sin documentación comprobatoria, pagos con sobreprecios hechos por los estados  y no reportar el ISR retenido a los empleados de salud.

Este estimado resulta de los informes de la Auditoría Superior de la Federación, que reporta desfalcos en el ejercicio de recursos federales destinados al sector salud, por parte de las entidades mencionadas.

Los funcionarios involucrados en estos presuntos actos de corrupción entre los años 2012 y 2016 son de los gobiernos estatales de Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco.

Este periodo referido abarca gran parte del sexenio de Miguel Márquez Márquez.

“Por cada estado se presentaron dos denuncias por desvíos de recursos”, informaron las organizaciones en un comunicado que difundieron por redes sociales. Una denunciaes por el ejercicio de recursos del Seguro Popular y la otra por el manejo del FASSA.

Por cada una de las 53.5 millones de personas afiliadas al Seguro Popular en México, el gobierno federal entrega a los estados 2,603 pesos que debe ser empleado en la atención médica.

Pero al revisar los informes de la ASF, las organizaciones encontraron que ésto no se cumplió, por lo que solicitó a la PGR investigar.

A  mediados de octubre, estas organizaciones denunciaron también ante la PGR por los mismos delitos a funcionarios de los gobiernos de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, por un monto que alcanza los 50 mil millones de pesos en desvíos.

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