GUANAJUATO, Gto.- El Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), resolvió en sesión efectuada este miércoles un juicio para la protección de los derechos político-electorales y cuatro procedimientos especiales sancionadores; concluyó en que no se utilizaron programas sociales durante el gobierno de Miguel Márquez para influir en la elección de julio del 2018, según queja del PRI.

En la sesión, en principio la magistrada y los magistrados resolvieron el Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano expediente TEEG-JPDC-01/2019  que promovió el militante de Morena Jorge Luis Zamora Cabrera, en contra del criterio dictado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Morena que establece que un militante no puede ocupar un cargo dentro del partido y al mismo tiempo ejercer un cargo de elección popular.

El militante interpuso el recurso por considerar que es violatorio del principio pro persona y restringe sus derechos.

Por este criterio, Morena obligó a quienes resultaron electos por voto y a quienes fungirían como funcionarios en distintos niveles de gobierno a renunciar a cualquier cargo ejecutivo dentro de la estructura del partido.

Del análisis efectuado por la Magistrada María Dolores López Loza y los Magistrados, Héctor René García Ruiz y Gerardo Rafael Arzola Silva, se consideró dar la razón al quejoso, al concluir que dicho criterio viola el derecho de asociación y lo priva de sus derechos político-electorales en su vertiente de afiliación al partido político al que pertenece.

Así, Jorge Luis Zamora Cabrera puede ejercer y ostentar, a la par, el cargo de dirección dentro del partido y el cargo de funcionario público de gobierno, por lo que el Tribunal ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que de inmediato realice las gestiones necesarias, para dar cumplimiento a lo establecido en la resolución, requiriéndosele para que, en el término de 24 horas contadas a partir de la notificación de la presente resolución, informe a este Tribunal sobre el debido cumplimiento dado a esta sentencia.

Luego se desahogó el Procedimiento especial sancionador expediente TEEG-PES-13/2018, fue promovido por Susana Bermúdez Cano, representante del Partido Acción Nacional (PAN), mediante el cual, denunció a Luis Gerardo Rubio Valdez y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por presuntos actos anticipados de campaña y violación al principio de laicidad, infracción que se declaró inexistente porque las pruebas no acreditaron lo que se denunciaba.

El Procedimiento especial sancionador expediente TEEG-PES-39/2018, lo interpuso Jorge Luis Hernández Rivera, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mediante el cual denunció al entonces Gobernador del Estado Miguel Márquez Márquez, por actos consistentes en disponer de recursos públicos para realizar propaganda electoral durante el periodo de veda electoral, con el fin de inclinar las preferencias del electorado a favor del PAN.

“Para la Magistrada y los Magistrados no se acreditaron los actos imputados, pues de las pruebas aportadas por las partes resultaron insuficientes para generar al menos, una presunción en este Tribunal de que se hayan utilizado programas sociales con el fin de generar propaganda gubernamental con la intención de provocar una inequidad en la contienda electoral para favorecer algún partido político o candidatura; por lo tanto, el Pleno declaró la inexistencia de las infracciones atribuidas”, informó el Tribunal mediante un comunicado sobre estas resoluciones.

Otro de los procedimientos fue el TEEG-PES-05/2019, que presentó el PVEM en contra de Salvador Arévalo Vázquez -entonces candidato suplente a la primera regiduría de la planilla registrada por el PRI al Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato- así como en contra de dicho instituto político, por hechos que estimó contrarios a lo previsto en la ley electoral local y a las prohibiciones de utilizar los programas sociales con fines electorales.

Esta queja también se declaró improcedente porque aunque se acreditó la entrega de materiales de construcción para un programa social, no se advirtió que hubiera intervención del candidato en ello, ni del partido.

El Procedimiento especial sancionador expediente TEEG-PES-46/2018, lo interpuso el PAN por propaganda personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña y uso indebido de recursos públicos en contra del PRI y de David Roberto Muñoz Torres, entonces candidato a diputado local por el distrito XI, en Irapuato. El recurso fue desechado porque el Tribunal consideró que no se probó la denuncia.

 

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