NACIONAL

CIUDAD DE MÉXICO (CIMAC).- Tras 13 años de librar la defensa por su vida al enfrentar la criminalización y persecución de diferentes gobiernos, la periodista y escritora, Lydia Cacho Ribeiro, recibió hoy por parte del Estado Mexicano la disculpa pública por las violaciones de Derechos Humanos y la tortura sexual cometida en su contra en el año 2005 tras la publicación que revelaba la colusión de políticos y empresarios en una red de pornografía infantil.

En el auditorio “Revolución”, de la Secretaría de Gobernación, abarrotado de periodistas, personas defensoras de Derechos Humanos y representantes diplomáticos, las autoridades mexicanas reconocieron que el 16 de diciembre de 2005, funcionarios del Estado Mexicano violaron los Derechos Humanos de la periodista quien fue sometida a tortura psicológica, física y sexual durante mil quinientos kilómetros que fue obligada a recorrer tras su detención en Cancún, Quintana Roo hasta llegar al estado de Puebla.

Al hablar durante el acto de resarcimiento la periodista autora de libros como “Los Demonios del Edén”, donde reveló la existencia de una red de explotación sexual infantil, recordó que esa red involucró al empresario textilero Kamel Nacif Borge, amigo del gobernador de Puebla, Mario Marín.

En 2005, cuando salió a la luz la investigación de la periodista, Nacif la acusó de difamación. En contubernio con el empresario Mario Marín ordenó detenerla y torturarla.

Recordó que el 14 de febrero de 2006 salieron a la luz las grabaciones entre Nacif y Marín donde hablaron sobre Lydia Cacho, las cuales fueron expuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todas las autoridades para solicitar el desafuero del gobernador y que se juzgara al gobernador por tortura y detención arbitraria.

“No lo logramos, pudo más la fuerza de los criminales que la honestidad de la prensa, la valentía de las niñas y niños víctimas, de múltiples esfuerzos acompañados de la solidaridad  social invaluable”, lamentó.

Tras la investigación de la periodista, un tribunal federal condenó al empresario Jean Succar Kuri a 112 años de prisión por delitos de pornografía infantil agravada y corrupción de menores. En el caso de tortura contra Cacho, en 2017, un juzgado condenó a cinco años y tres meses de prisión a un policía de Puebla.

Por esa razón habló de la responsabilidad del gobierno y la exigencia de las defensoras de Derechos Humanos que deben ir de la mano, porque, aseguró, cada gobierno en turno tiene que asumir una responsabilidad histórica.

“El feminicidio aumenta en la medida que la impunidad crece. Mi generación, tengo 55 años, llegó a los periódicos bajo las burlas misóginas, el hostigamiento y el acoso. Nos dijeron que el periodismo era cosa de hombres, que los Derechos Humanos eran sensiblería femenina, que las voces de la niñez no pertenecían a las páginas de los periódicos. Ese logro nadie podrá arrebatárnoslo, ni torturadas, ni perseguidas, habremos de someternos a la narrativa del periodismo corrupto, mentiroso, machista y complaciente del poder patriarcal. Las mujeres llegamos para cambiar la historia de este país”.

Aseguró que un verdadero Estado democrático admitirá la verdad y no creará verdades alternas. “Si las mujeres como yo nos hemos jugado la vida por los Derechos Humanos, lo menos que esperamos del gobierno de este país es que tengan la mitad de la valentía y  ética para crear en seis años un verdadero Estado de Derecho”.

La también defensora de Derechos Humanos aseguró que este es el primer paso en la reparación integral que señala el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y demandó la justicia para las mujeres de Atenco, de la guardería ABC.

Por su parte el representante adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios,  recordó que el acto púbico de disculpa pública se dio después de que el 31 de julio de 2018 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas  (ONU) emitió una resolución donde pidió al Estado mexicano reparar el daño a la también escritora.

En esta resolución, la primera que resolvió el sistema de Naciones Unidas por un caso de violencia cometida por funcionarios del Estado contra una mujer periodista, el organismo llamó a las autoridades mexicanas a reactivar las investigaciones de lo ocurrido a Cacho Ribeiro, ofrecerle una disculpa pública, una compensación adecuada y despenalizar los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas.

LOS COMPROMISOS DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

Por su parte la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recordó que en el actual gobierno nunca habrá cabida para la censura en la secretaría que ella encabeza.

Señaló que “este acto representa el inicio de una política de Estado comprometida con quien se dedica a informar”.

Aseguró que es también un momento para reflexionar sobre el valor que para la “cuarta transformación  representa la Libertad de expresión”.

El responsable de ofrecer la disculpa pública a nombre del Gobierno Mexicano fue el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, quien además de reconocer que el Estado Mexicano violó el derecho humano de la periodista a la Libertad de expresión, a la verdad y la justicia, aseguró que se asume el compromiso de no repetición.

En el acto estuvieron presentes además el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubond, el representante del gobierno de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente Ramírez y la directora de la organización Articulo 19, Ana Cristina Ruedas.

 

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