La reciente designación de Gerardo Vázquez Alatriste como Fiscal General del Estado de Guanajuato es, a todas luces, un reflejo contundente de un escenario político en el que la apariencia de legalidad esconde estrategias mucho más oscuras.
Mientras el bloque mayoritario, conformado por el PAN y sus aliados (PVEM, MC, PRI) asegura su control a través de maniobras legales –pero no necesariamente éticas–, la oposición se queda con ese sentimiento de impotencia disfrazada de ausencia de estrategia y liderazgo.
El caso de Vázquez Alatriste es sintomático. Su historial, marcado por la omisión en la investigación de casos de corrupción contra funcionarios que hoy se desempeñan en el gobierno estatal, genera serias dudas sobre su compromiso con la transparencia y la justicia.
Más allá de la formalidad del proceso, la elección de un fiscal con antecedentes cuestionables evidencia cómo, en ocasiones, el cumplimiento estricto de la ley se convierte en una excusa para perpetuar intereses que privilegian la continuidad del poder por sobre la rendición de cuentas.
En contraste, la actuación de Morena durante el proceso pone de relieve una debilidad que va más allá de una simple discrepancia política. La bancada morenista, al abstenerse en la crucial votación, no solo mostró una falta de estrategia, sino también la incapacidad para articular una oposición coherente que pudiera plantear una alternativa sólida.
Este “berrinche tardío”, al abstenerse en la última fase del proceso, cuando avaló el resto desde la Junta de Gobierno en el Congreso del Estado, advierte de una falta de preparación y la ausencia de una dirigencia capaz de cabildear y construir un bloque opositor unificado en el Congreso.
Los gritos de «diputados levanta dedos» son buenos y atractivos para la oreja izquierda, pero no cambian nada, ni trascienden en los cambios urgentes de la política estatal. Se requiere algo más que frases apantallantes. Los guanajuatenses demandamos más capacidad.
Si morena no logró cabildear una sabia oposición en el caso del fiscal, nada podemos esperar por el resto de los años. Acaso verlos con las mismas pancartas, con los mismos reclamos y sin estrategias políticas que realmente marquen una oposición de primeras ligas.
Es innegable que en la arena política, el que sabe negociar y construir alianzas adquiere una ventaja decisiva.
El PAN y sus aliados han demostrado, con eficacia, que el juego del poder no se define únicamente por la legalidad formal, sino por la capacidad de blindar los intereses del grupo gobernante.
La designación del fiscal no solo consolida este blindaje, sino que además envía un mensaje claro: el gobierno estatal está dispuesto a ignorar los llamados de transparencia y a proteger a los de siempre, aun cuando ello signifique dejar de lado la posibilidad de una verdadera investigación de los hechos de corrupción.
La respuesta del coordinador del PAN, Jorge Espadas, al afirmar que la impugnación de Morena carece de fundamento, refuerza la idea de que el proceso, por muy cuestionable que sea en cuanto a su espíritu, se realizó dentro de un marco legal. Sin embargo, la legalidad formal no debe confundirse con la legitimidad política.
La ciudadanía merece contar con instituciones que no solo actúen conforme a la ley, sino que también encarnen los principios de justicia y rendición de cuentas. Con la entrada de un fiscal cuyo historial ya suscita recelos, se abre la puerta a un escenario donde las investigaciones incómodas quedan en el tintero y la impunidad parece que se normaliza.
Lo que resulta especialmente preocupante es que, mientras la maquinaria del oficialismo se mueve con precisión quirúrgica, la oposición se muestra carente de una narrativa convincente. Tuvo que venir el abogado Roberto Saucedo para advertir de la corrupción del candidato, ahora fiscal a modo, sin que los legisladores morenitas hicieran mayor escándalo.
En lugar de movilizarse desde etapas tempranas para contrarrestar una designación que, a todas luces, beneficia a intereses bien establecidos, Morena optó por una postura pasiva que no supo aprovechar la oportunidad de exigir mayores garantías para el sistema de justicia. Los más triste seria que se hubiesen dado cuenta hasta después de enviar la lista de los 9 aspirantes la gobernadora Libia. Por eso puedo comentar que su último reclamo (ayer en el Congreso) fue interesante, pero durante todo el proceso, su actuación fue verdaderamente decepcionante.
La situación en Guanajuato se presenta como un microcosmos de lo que ocurre en muchas partes del país: un sistema en el que la formalidad legal se utiliza para legitimar acuerdos políticos que, en esencia, mantienen el status quo.
La designación del Fiscal Gerardo Vázquez Alatriste no es sino el último eslabón de una cadena que prioriza el resguardo de los privilegios del poder, mientras la oposición, al carecer de liderazgo y visión, se reduce a un actor secundario.
Para la ciudadanía, la designación del nuevo fiscal, significa enfrentar un futuro en el que la impunidad y la falta de rendición de cuentas parecen ser una norma, en detrimento -por supuesto- de una verdadera justicia que responda a las necesidades y aspiraciones de todos.
