(El huachicol desmadra a Guanajuato, parte IV)

Si en el sexenio del Presidente Calderón el huachicol se calculó hasta en $15 mil millones de pesos al año, en el gobierno de Peña Nieto pasó a $60 mil millones anuales: cuatro veces más.

La gestión de Emilio Lozoya Austin al frente de PEMEX fue catastrófica: no amplió el sistema de monitoreo SCADA (sistema de información a distancia) ni utilizó un solo equipo conocido como “diablo instrumentado espesor cero” para identificar tomas clandestinas.

Dejaron de vigilar ductos, barcos, pipas, almacenes y gasolineras. Desmantelaron desde el inicio operaciones del CISEN contra robo de hidrocarburos. Pretextaron fallas en el sistema de obtención de información, control y supervisión a distancia para tapar inmensa corrupción que permitió el robo indiscriminado de combustibles.

Pemex invirtió entonces 300 millones de dólares en esos sistemas de comprobada eficacia que luego descalificaron y no usaron.
El General Eduardo León Trauwitz, -jefe de escoltas de Peña Nieto siendo gobernador del Estado de México- responsable de la seguridad de instalaciones de PEMEX y de combatir la ordeña, en lugar de estrategias para combatir robo, creó un protocolo para mantener el conteo de tomas ilegales fuera de la estadística criminal.

Ordenó que el personal de seguridad física de Pemex eliminara tomas clandestinas sin denunciarlas ante el ministerio público, con la consecuencia de que no se investigó ni castigó a ladrones.

Hoy el general, investigado por la Fiscalía General e imputado, consta que disminuyó notablemente número de empleados para vigilancia y patrullaje de los poliductos de Pemex; que agentes de seguridad física carecían de herramientas y equipo profesional.

El 17 de mayo, Eduardo León Trauwitz debió acudir con una veintena de funcionarios de Pemex a juzgado penal en el Reclusorio Sur de la ciudad de México por su presunta responsabilidad en el robo de combustible, pero él no lo hizo.

Del 2015 al 2018, de un promedio de 6 tomas clandestinas diarias, pasó a 38 al día (período en que Guanajuato se desmadró: en 2006, al final de gobierno de Fox, hubo 8 tomas; para 2016  municipios guanajuatenses pasaron a 1,309, ocupando el estado primer lugar). En 2018 Pemex cerró con 14 mil 910 tomas clandestinas, la cifra más alta reportada en su historia.
La Auditoría Superior de la Federación dictaminó (abril de 2019) que según la cuenta Pública del 2017 PEMEX LOGÍSTICA implementó de manera deficiente el monitoreo de ductos: la mitad de los sitios estratégicos no contaron con vigilancia. El sistema estaba diseñado para monitorear 379 sitios estratégicos de la red de siete poliductos y 47 sistemas complementarios.

Al revisar, la ASF encontró que 179 sitios, el 45 %, no estaban monitoreados, lo que detectó la delincuencia, y luego el movimiento de dinero arrojó pistas de $60 mil millones de pesos anuales de robo: un negocio más lucrativo que el narcotráfico o la venta de armas.
Peña Nieto y Osorio Chong desaparecieron la Secretaría de Seguridad, desmantelaron la Plataforma México; apenas 5 mil gendarmes incorporaron a Policía Federal; empoderaron criminales embozados en Michoacán con pactos explícitos.

La Unidad de Inteligencia Financiera con Alberto Bazbaz dejó de implementar la Estrategia Nacional contra lavado de dinero (UIPES). La PGR descabezada (ya investigan a su encargado, Alberto Elías y su esposa) y sin delegado en Guanajuato por un buen tiempo.

Emilio Lozoya hoy tiene cuentas bancarias congeladas y orden de aprehensión. Saqueo, impunidad y violencia crecieron exponencialmente, más cárteles se disputan territorios. Miedo y dolores evitables en Guanajuato y el país, herencia maldita de Peña Nieto y compinches. Veamos las primeras respuestas de López Obrador.

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