La estrategia del PAN-PRI-PRD en Guanajuato, respecto a la postergación de la salida de Carlos Zamarripa y Álvar Cabeza de Vaca, hasta después de las elecciones, se perfila como un movimiento político controvertido y potencialmente erróneo.
En el núcleo de esta decisión, parece subyacer la idea de que, condicionar cambios significativos en el gabinete de seguridad a una victoria electoral, podría incentivar el voto a favor de la coalición y, específicamente, de la candidata Libia. Sin embargo, esta táctica es arriesgada y podría interpretarse de manera negativa por el electorado, minando la confianza en la coalición.
En primer lugar, al posponer estas destituciones, la coalición transmite un mensaje implícito de que el cambio y la mejora en la seguridad y administración de justicia, están condicionados a resultados electorales, lo cual puede ser percibido como una manipulación política de asuntos críticos para la sociedad.
En un entorno político donde la demanda de resultados tangibles en temas de seguridad y justicia es alta, postergar acciones concretas hasta después de una elección, podría ser interpretado como una falta de voluntad real para enfrentar estos problemas de manera directa.
Es más, el mensaje de «cambios después de la elección» carece de la urgencia que muchos ciudadanos sienten respecto a la seguridad y la justicia.
En contextos donde la violencia y la impunidad afectan profundamente a la comunidad, como los casos de Celaya, Irapuato y Salamanca, la promesa de acciones futuras condicionadas a victorias electorales, puede no ser suficiente para convencer a los electores de que su voto llevará a un cambio real y oportuno.
Para que la candidatura de Libia y la coalición PAN-PRI-PRD logren convencer al electorado de su compromiso con la mejora de la seguridad y la justicia en Guanajuato, sería más estratégico realizar cambios significativos en el gabinete de seguridad de manera inmediata.
Esto no solo enviaría una señal clara de que la coalición está dispuesta a tomar decisiones difíciles por el bienestar de la ciudadanía, sino que también podría impulsar todavía más su campaña, diferenciándola de la percepción de que las promesas electorales no se traducen en acciones concretas.
La decisión de posponer la salida de Carlos Zamarripa y Álvar Cabeza de Vaca parece ser un cálculo político que podría no resonar bien con una parte significativa del electorado.
La urgencia y la seriedad de los temas de seguridad y justicia demandan acciones concretas y decisivas, no promesas condicionadas.
Para fortalecer su propuesta y restaurar la fe en su capacidad de gobernar con efectividad, la coalición haría bien en reconsiderar su estrategia, priorizando el bienestar y la seguridad de la ciudadanía sobre la táctica electoral.
¿Lo harán?
