GUANAJUATO, Gto.- Un total de 250 reos podrán acceder a libertad condicional, monitoreados por la Secretaría de Seguridad Pública, por medio de brazaletes de geolocalización.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini y la presidenta del Poder Judicial del Estado, Claudia Barrera Rangel, anunciaron la implementación de brazaletes de geolocalización para reos que sean beneficiados con la libertad condicionada.

Alvar Cabeza de Vaca, explicó que cada uno de los geolocalizadores, tiene un costo de 23 mil 100 pesos y en una primera etapa se cuenta con 250 aparatos, los cuales tienen una batería con una duración de 12 horas, aunque se recomienda cargarlos entre 8 y 10 horas para evitar que se apaguen y se lance una alarma falsa.

Señaló que, con estos geolocalizadores, se podrá establecer un cerco virtual, para que el movimiento del sentenciado se reduzca a un domicilio, municipio o el estado y será monitoreado las 24 horas por la plataforma de rastreo del centro estatal de localizadores electrónicos.

El beneficiario volvería a ser capturado en caso de salga del radio de monitoreo en el tiempo indicado en la programación, se retire injustificadamente el dispositivo, cambia de domicilio sin avisar, o si destruye, total, parcialmente el aparato o pierde el localizador electrónico y sus accesorios.

Detalló que, para acceder a este beneficio, el sentenciado tendría que haber cumplido la mitad de la pena privativa de la libertad, además de tener buena conducta y haber pagado la reparación del daño y multa correspondiente al delito, pero aclaró que no aplicarían para este sistema los sentenciados por delincuencia organizada y secuestro.

Por su parte, Claudia Barrera Rangel, recalcó que la implementación del dispositivo permite a los beneficiarios permite que se cumpla la pena con libertad condicional, bajo un esquema que garantiza el respeto a los derechos humanos.

“De esta manera podrá garantizarse que aquellos que han infringido la ley cumplan con la pena impuesta por la autoridad judicial y que ello se realice con pleno respeto a sus derechos humanos, así como garantizar que todo aquel que haya cumplido con la sanción que le fuera impuesta, sea debidamente liberado y que la sociedad tenga la seguridad de que quienes han cometido un hecho que la ley señala como delito, habrán de cumplir las penas de manera y formal que lo manda la ley”.

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