GUANAJUATO, Gto.- Desde febrero de 2019, integrantes del Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato han sido víctimas de acoso digital a través de Twitter. Motivo por el que comunicadores y defensores de los derechos humanos hicieron un pronunciamiento al gobierno estatal.

Los periodistas Arnoldo Cuéllar, Verónica Espinosa, Kennia Velázquez y Raymundo Sandoval, han enfrentado una campaña sistemática de ataques en dicha red social. Estos ataques cibernéticos han afectado también a otras cuentas como la del periodista y académico Saúl Arellano, editor de Newsweek Guanajuato.

Como parte de estos ataques, el 06 de abril una usuaria de twitter creó la lista denominada “Huachicoleros” en la que incluye a varios integrantes del Colectivo por la Libertad de Expresión, lo que constituye un acto de criminalización del trabajo que realizan.

Cabe señalar que la Red Rompe el Miedo coordinada por Article 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Datacivica documentó un mensaje de desprestigio similar durante la campaña electoral de 2018 en el que a través de un video difundido por una cuenta anónima en Facebook se ligaba al portal El Salmantino con grupos de la delincuencia organizada.

El 26 de abril, el defensor de los derechos humanos Raymundo Sandoval fue víctima usurpación de identidad en su cuenta de twitter @ray_sandoval. Cabe señalar que horas antes, Sandoval había cambiado su usuario a @colectivodhpaz, sin modificar el ID y los datos asociados a la cuenta original.

Estos hechos, calificados como “impersonation atack” (ataque de usurpación) por parte de twitter, fueron suficientes para que la cuenta fuera suspendida a petición de Sandoval. El afectado ha solicitado a la FEADLE que inicie una carpeta de investigación por el delito federal “uso indebido o usurpación de identidad”.

Es importante resaltar que el Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato es un grupo integrado por más de 30 periodistas y personas defensoras de derechos humanos que promueven el libre ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión en la entidad, al tener presencia en varios municipios se presenta como una plataforma amplia e independiente a lo largo y ancho de Guanajuato.

Conformado desde 2014, este Colectivo ha participado en el proceso de aprobación de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en Guanajuato, en la elaboración de su Reglamento, y forman parte del Consejo Estatal de Protección, presidido por el Secretario de Gobierno.

En agosto de 2018, este Colectivo recibió mensajes intimidatorios por lo que las organizaciones nacionales, Propuesta Cívica y CIMAC; e internacionales, Reporteros Sin Fronteras (RSF), Article 19 y el Committee to Protect Journalists (CPJ), enviaron una carta al Gobernador del Estado pidiendo medidas de protección. Los hechos fueron denunciados, sin que hubiera avance en las investigaciones.

Según datos de la organización Artículo 19, de 2009 a 2018 se han documentado 81 agresiones a periodistas en la entidad, tan sólo en 2018 la organización presentó 25 casos en su informe anual.

Comunicadores, organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos exigen al gobierno de Diego Sinhué lo siguiente:

  1. Exigimos al Gobierno de Guanajuato colaborar con el Mecanismo Federal para otorgar medidas de protección para quienes integran el Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato, y en su caso otorgar medidas en lo local. Responsabilizamos al Gobernador en caso de que la violencia contra el Colectivo escale.
  2. Las cuentas que encabezan la campaña de desprestigio al mismo tiempo defienden al Gobierno de Guanajuato, por ello exigimos al gobernador que inicie una investigación al interior de su administración que determine si hay o no funcionarios operando la campaña, y en caso de ser así, que emita una sanción.
  3. El Consejo Estatal de Protección está obligado a establecer una política pública en materia de libertad de expresión con énfasis en la atención de las causas de las agresiones, incluidas las digitales.
  4. La Fiscalía General de la República debe investigar los hechos constitutivos de delito a través de la FEADLE, llegando hasta la sanción de los responsables y cumpliendo el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
  5. Pedimos que el Procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) Raúl Montero de Alba, inicie una investigación por estos hechos, actuando de manera independiente y diligente; haciendo, en su caso, las recomendaciones que sean pertinentes al Gobierno de Guanajuato.
  6. Exhortamos al Congreso de Guanajuato que incluya en la Ley, en calidad de agresiones a las campañas de acoso selectivo en el ámbito digital, cuando éstas intenten limitar el trabajo de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Periodistas y personas defensoras de derechos humanos son actores clave de la Democracia, así ha sido reconocido en el 20 aniversario de la Declaración de las Personas Defensoras de Derechos Humanos de la ONU en 2018. “No se callen”, dijo hace poco Ángela Merkel a activistas. Esperamos que el Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato no lo haga.

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