GUANAJUATO, Gto.- Representantes del Colectivo por la Libertad de Expresión en el estado entregaron a autoridades estatales una solicitud para que se investigue si con recursos públicos se han financiado campañas de desprestigio a través de redes sociales en contra de algunos de periodistas y defensores de derechos humanos en Guanajuato.

El documento fue recibido por Adrián Nájera Ramírez, secretario técnico del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y Lucila Gallegos, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno.

El compromiso de las autoridades fue llevar el documento a la primera sesión ordinaria del Consejo, que se realizará la próxima semana, para que sea la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la Fiscalía General del Estado, las instancias responsables de investigar las cuentas de Twitter que de manera sistemática atacan a activistas y periodistas a través de acoso selectivo.

El manifiesto que reunió más de 350 firmas entre periodistas, personas defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, expone la preocupación por los ataques digitales en contra de quienes cuestionan el trabajo de actores como el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, y del gobierno que encabeza Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El documento fue entregado a Nájera y a Gallegos por Verónica Espinosa, Kennia Velázquez, Raymundo Sandoval y Arnoldo Cuéllar, periodistas y activistas que han sido agredidos a través de redes sociales.

Dicho pronunciamiento contiene seis puntos en los que se pide, una investigación, la protección, reformas legales, intervención de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, pero que también responsabiliza al gobernador si los ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Los puntos que incluyen el manifiesto son los siguientes:

  1. Exigimos al Gobierno de Guanajuato colaborar con el Mecanismo Federal para otorgar medidas de protección para quienes integran el Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato, y en su caso otorgar medidas en lo local. Responsabilizamos al Gobernador en caso de que la violencia contra el Colectivo escale.
  2. Las cuentas que encabezan la campaña de desprestigio al mismo tiempo defienden al Gobierno de Guanajuato, por ello exigimos al gobernador que inicie una investigación al interior de su gobierno que determine si hay o no funcionarios operando la campaña, y en caso de ser así, que emita una sanción.
  3. El Consejo Estatal de Protección está obligado a establecer una política pública en materia de libertad de expresión con énfasis en la atención de las causas de las agresiones, incluidas las digitales.
  4. La Fiscalía General de la República debe investigar los hechos constitutivos de delito a través de la FEADLE, llegando hasta la sanción de los responsables y cumpliendo el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
  5. Pedimos que la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) inicie una investigación por estos hechos, actuando de manera independiente y diligente; haciendo, en su caso, las recomendaciones que sean pertinentes.
  6. Exhortamos al Congreso de Guanajuato que incluya en la Ley, en calidad de agresiones a las campañas de acoso selectivo en el ámbito digital, cuando éstas intenten limitar el trabajo de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Campañas de criminalización similares pudieron documentarse durante las elecciones, pero ésta en particular ha sido sistemática a partir de febrero del presente año.

Finalmente, en la solicitud que se entregó al Consejo, y el cual las autoridades están obligados a responder por escrito, señalan la necesidad de ofrecer medidas de protección y según los artículos 23 y 24 de la Ley de Protección, así como 42 y 43 de su Reglamento referentes a medidas preventivas a través de políticas públicas, le piden al Consejo que obtenga la información necesaria para saber si la campaña está siendo operada o financiada desde el gobierno estatal.

 

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