El presidente López Obrador ordenó ayer -período vacacional- a Secretarios de Gobernación, de Educación y de Hacienda, de que en tanto el Poder legislativo federal no ceda a demandas de la CNTE y otros: “dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”.

“La SEP reinstalará a los educadores que fueron cesados por la aplicación de las evaluaciones punitivas”. “La Secretaría de Gobernación realizará las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad a la brevedad a maestros y luchadores sociales que todavía se encuentren en prisión por haberse opuesto a la susodicha reforma o por haber participado en otras causas sociales justas, así como a retirar las imputaciones legales formuladas por instancias del gobierno federal para castigar activismos pacíficos en lo político, social, laboral, ambiental, agrario y de defensa del territorio. De igual modo, deberá indemnizar a familiares de quienes perdieron la vida por la política autoritaria que prevaleció en los gobiernos anteriores”.
Inicia memorándum con expresiones absurdas: “las reformas conocidas como estructurales y la agenda impuesta desde el extranjero durante el período neoliberal no han dejado más que pobreza, violencia, corrupción y malestar social. Particularmente la mal llamada reforma educativa no se ha traducido en una mejoría de la calidad de la enseñanza, en cambio, este conjunto de modificaciones legales, impuesto mediante actitudes autoritarias y recurriendo a campañas de descrédito en contra del magisterio nacional, ha causado una indeseable polarización en la sociedad, así como una manifiesta erosión institucional”.
Alguien en sano juicio puede suscribir la afirmación de que la reforma educativa ¿es causante del escenario que describe AMLO? No fue impuesta desde el extranjero, fue y sigue siendo exigencia mexicana dada la baja calidad de la enseñanza a partir de Echeverría (anterior al período neoliberal y etapa a que AMLO quiere regresar).

Las modificaciones legales fueron aprobadas por legisladores federales y por inmensa mayoría de padres de familia y educandos; solo minoría del magisterio nacional, en estados más retrasados como Michoacán, Oaxaca, Chiapas se opone. Dice que esas modificaciones fueron impuestas autoritariamente. ¿Hay algo más autoritario que esta orden del presidente? Veamos.
La orden va sin ninguna fundamentación y motivación exigidas por la Constitución a todo acto de autoridad. No se cita una sola norma jurídica, por lo que cualquier persona con interés legítimo, individual o colectivo, e incluso autoridades, podrá impugnar su aplicación en tribunales federales, tanto en vía de amparo como de controversia constitucional.

Es auto-referente en cuanto a su autoridad, como pronto dijo el exministro José Ramón Cossio, porque por sí y ante sí, el presidente ordena dejar sin efecto modificaciones legales decididas por el poder legislativo, que el presidente no puede abrogar solo.

Reinstalar educadores reprobados viola leyes vigentes. Poner en libertad a maestros y luchadores procesados o sentenciados por actos criminales es desconocer competencias de tribunales; que asuma el costo de indultarlos, como legalmente debe hacerlo. ¿Hay alguien que haya provocado más polarización en el país?

Le está ordenando a la Fiscalía General de Justicia se someta a él, cuando acaba de lograr su autonomía. Ordenar indemnizar a familiares de quienes “perdieron la vida por la política autoritaria de gobiernos anteriores”: ¿incluye a todos los ejecutados por delincuencia organizada?

Golpe bajo a nuestros educandos. Salto al pasado echeverrista, para beneplácito de Elba Esther Gordillo y otros criminales de la educación

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