
Desde el Senado de la República, los legisladores Martha Lucía Mícher Camarena y Emmanuel Reyes Carmona ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar un posible conflicto de interés del exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en relación con una propiedad ubicada en The Woodlands, Texas, una de las zonas más exclusivas al norte de Houston.
La senadora Mícher reveló que la residencia está valuada en 23 millones de pesos y se encuentra registrada a nombre de DAI LLC, empresa administrada por Daniel Ezquenazi Beraha, representante en México de Seguritech, corporación que ha recibido contratos millonarios del gobierno guanajuatense.

Durante la rueda de prensa, los legisladores expusieron que la relación entre Seguritech y el Gobierno de Guanajuato no comenzó con Diego Sinhue, sino que se remonta al año 2012, cuando fue implementado el polémico programa ESCUDO, al que se le asignaron 2 mil 727 millones de pesos para la instalación de cámaras y botones de seguridad.
Sin embargo, estos equipos fueron señalados como ineficientes, ya que en más de una década solo 30 videos fueron útiles en investigaciones ministeriales, según explicó Mícher. La senadora enfatizó que el caso no solo representa un fracaso técnico, sino que también apunta a una posible red de complicidad entre funcionarios y proveedores.

Además, Mícher cuestionó que mientras se consolidaban estos negocios con Seguritech, el estado de Guanajuato se convertía en el más violento del país, encabezando durante años la lista de homicidios dolosos a nivel nacional.
Por su parte, el senador Emmanuel Reyes Carmona calificó como vergonzosa la gestión de Diego Sinhue. “Es lamentable que uno de los peores gobernadores evaluados a nivel nacional haya liderado el sexenio con más derramamiento de sangre en Guanajuato”, declaró.
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Ambos legisladores anunciaron que trabajan en un punto de acuerdo para que el Senado, a través de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, exhorte a las autoridades competentes, incluyendo a la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y Transparencia del Estado de Guanajuato, a investigar el caso y aclarar el posible conflicto de interés.




