La CURP Biométrica será un nuevo documento de identificación oficial obligatorio para todos los ciudadanos en México, tras ser aprobada por la Cámara de Diputados como parte de una reforma a la Ley General de Población. Esta nueva versión de la CURP tradicional incluirá datos biométricos como huellas dactilares y fotografía, con el objetivo de agilizar trámites y prevenir la suplantación de identidad.
Con 345 votos a favor y 129 en contra, los diputados avalaron también cambios a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, y el dictamen ha sido enviado al Ejecutivo para su promulgación. La entrada en vigor de la CURP Biométrica dependerá de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Una vez que el decreto se publique oficialmente, habrá un plazo de 90 días naturales para que las autoridades implementen la CURP Biométrica en todo el país. Durante este periodo, tanto instituciones públicas como privadas deberán adaptar sus sistemas para solicitar este documento como requisito en trámites y servicios administrativos.
La nueva CURP Biométrica incluirá los siguientes elementos de identificación: huellas dactilares, fotografía del rostro, nombre completo, fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de nacimiento y nacionalidad. Esto permitirá contar con un registro más preciso y seguro de la identidad de cada persona en México.
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A partir de su implementación, cualquier trámite con dependencias gubernamentales o entidades privadas requerirá presentar la CURP Biométrica, con el fin de facilitar procesos y evitar fraudes de identidad. La medida también busca reducir la duplicidad de registros y mejorar la eficiencia en los servicios públicos.
Además, se creará una Plataforma Única de Identidad, que unificará datos del Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Esta plataforma permitirá que colectivos de búsqueda y fiscalías accedan a la información para mejorar la localización de personas desaparecidas.
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Tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como las fiscalías estatales tendrán acceso a los datos biométricos de los ciudadanos con fines de investigación. Esto fortalecerá las pesquisas y procesos judiciales, particularmente en casos relacionados con desapariciones o delitos de identidad.
