Al finalizar 2024, en México había 236 mil 773 personas privadas de la libertad, de las cuales el 36.3% (85 mil 848 personas) no contaban con una sentencia, reveló el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2025, elaborado por el Inegi. Esto significa que más de un tercio de quienes se encuentran en prisión aún esperan una resolución judicial definitiva.
El estudio también señala que 235 mil 312 personas eran adultas y mil 461 adolescentes, mientras que del total, 13 mil 985 eran mujeres y 222 mil 788 hombres. En cuanto a su ubicación, 20 mil 702 personas se encontraban en Centros Penitenciarios Federales (CPF), y 216 mil 071 en Centros Penitenciarios Estatales (CPE).
A nivel nacional existen 325 centros penitenciarios, de los cuales 14 son federales, 261 estatales y 50 especializados en adolescentes. En total hay 230 mil 168 espacios disponibles, pero el número de internos supera la capacidad, generando una tasa de ocupación promedio del 102.9%.
Los centros federales registran una ocupación del 73.4%, con espacios aún disponibles, mientras que los centros estatales presentan una sobresaturación con el 107% de su capacidad. Las entidades con las tasas más altas de hacinamiento son Estado de México y Nayarit, ambas con 238.8 personas por cada 100 espacios, el doble de su capacidad. Por el contrario, Colima y Campeche reportaron las tasas más bajas, con 39.2% y 55%, respectivamente.
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En cuanto a los delitos por los cuales las personas fueron privadas de la libertad, en los centros federales el 34.4% de las mujeres ingresaron por delitos contra la salud, principalmente relacionados con narcóticos, mientras que el 33.7% de los hombres fueron detenidos por delitos con armas, explosivos u otros materiales destructivos. En los centros estatales, tanto hombres como mujeres ingresaron mayormente por delitos de robo, con el 27.2% y 25.6%, respectivamente.
El informe del Inegi evidencia no solo la persistencia del rezago judicial, sino también la crisis estructural del sistema penitenciario, particularmente en los estados. El hacinamiento y la alta proporción de personas sin sentencia son señales de un sistema saturado y con grandes retos en materia de derechos humanos y acceso a la justicia.
