La investigación penal contra Gabriel Cortés Alcalá, actual secretario de Salud de Guanajuato y exdirector del Hospital Regional del ISSSTE en León, será reabierta por orden de un juez federal, quien determinó que la Fiscalía no agotó las diligencias necesarias. Se investiga un presunto desfalco de 50 millones de pesos mediante contratos adjudicados a empresas ligadas a trabajadores de confianza del instituto, de acuerdo con lo publicado por el sitio POPLab.
El juez Orlando Íñiguez Delgadillo resolvió que la agente del Ministerio Público, Diana Martínez, actuó con premura al cerrar el caso solo 17 días después de abierta la investigación. Según el juez, la funcionaria no dio oportunidad para presentar pruebas ni solicitó los actos de investigación necesarios, lo que vulneró el derecho de la parte denunciante y contravino el debido proceso.
La denuncia fue presentada por Martha Karina Rodríguez Lizola, actual titular del hospital, quien también acusó haber sido intimidada por Cortés Alcalá, ya nombrado secretario de salud por la gobernadora Libia García. Rodríguez apuntó a un esquema de corrupción donde contratos fueron entregados a empresas con vínculos internos, lo que representa un posible conflicto de interés.
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Durante la audiencia, la defensa de Cortés alegó que el caso se sustentaba en una nota periodística y que el ISSSTE no había entregado la documentación necesaria a tiempo. Sin embargo, representantes del instituto presentaron contratos, actas técnicas y evidencias de obra, los cuales no se consideraron en su momento porque ya se había cerrado el caso en noviembre.
El representante legal del ISSSTE que compareció, Kevin Álvarez Salgado, pidió una ampliación de plazo para entregar pruebas, pero la solicitud fue negada. La fiscal aceptó que ya había redactado el borrador de la no acción penal incluso antes de esa comparecencia, lo que, según el juez, demuestra una decisión anticipada y sin sustento legal suficiente.
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Tras la resolución judicial, se confirmó que la investigación será retomada, pero ya no estará a cargo de Diana Martínez, quien fue separada del cargo y actualmente enfrenta un proceso penal junto con otros fiscales por el cierre prematuro de esta carpeta. La reapertura busca ahora esclarecer los hechos y determinar si hubo responsabilidad penal por parte de Cortés Alcalá y otros exfuncionarios.
