A pesar de que la empresa Seguritech Privada S.A. de C.V. ha acumulado contratos por más de 12 mil millones de pesos con los últimos tres gobiernos panistas de Guanajuato, la nueva administración de Libia García Muñoz Ledo decidió volver a contratarla, esta vez por un monto superior a 4 mil 700 millones de pesos.
El contrato más reciente fue firmado el 29 de mayo de 2025 para la prestación del llamado “servicio integral de tecnologías para el estado”. Tendrá una vigencia de 59 meses, con una fase de implementación de un año y casi cuatro años de operación, lo que implica que el proyecto estará activo hasta abril de 2030, es decir, en plena antesala del siguiente proceso electoral para la gubernatura.
Con este nuevo acuerdo, Seguritech amplía su presencia en el estado por casi dos décadas consecutivas. La empresa ha sido proveedora de soluciones tecnológicas en seguridad pública, incluyendo videovigilancia, centros de monitoreo y sistemas de reconocimiento vehicular, desde el sexenio de Miguel Márquez Márquez, cuando obtuvo su primer contrato en 2012 por más de 2,700 millones de pesos.
En el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la misma compañía recibió adjudicaciones por otros 4,400 millones de pesos, consolidando su dominio como proveedor estrella en temas de seguridad tecnológica, sin que se diera a conocer una evaluación pública de desempeño ni resultados verificables.
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Según información difundida este viernes por el propio gobierno estatal, la suma de contratos otorgados a Seguritech desde 2012 hasta 2025 supera los 12,124 millones de pesos, sin contar lo que pueda derivarse en ampliaciones, ajustes o contrataciones adicionales por parte de municipios o dependencias estatales.
Además del gobierno estatal, varios municipios de Guanajuato también han contratado a la empresa, entre ellos León, Salvatierra, Valle de Santiago y Purísima del Rincón, aunque en algunos casos se ha clasificado la información de los contratos como reservada por hasta cinco años, lo que complica la fiscalización ciudadana.
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Hasta el momento, la administración de Libia García no ha informado si se llevará a cabo alguna revisión de los contratos anteriores ni si se abrirán investigaciones sobre los procesos de adjudicación. La falta de claridad ha generado cuestionamientos entre voces ciudadanas y especialistas en transparencia sobre el manejo de recursos públicos en materia de seguridad tecnológica.
