Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, vuelve al centro de la polémica tras una solicitud formal de desafuero presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche ante la Cámara de Diputados. La petición fue emitida el pasado 23 de julio y se basa en graves acusaciones relacionadas con el presunto desvío de recursos públicos.
Durante su gestión como gobernador de Campeche entre 2015 y 2019, el priista habría incurrido en delitos de peculado y uso indebido de atribuciones, lo que habría provocado un daño patrimonial de al menos 83 millones 508 mil pesos. La investigación incluye cuatro carpetas activas que documentan distintos esquemas de corrupción vinculados a su administración.
Uno de los casos más señalados es el uso de prestanombres para simular contratos de servicios dentro de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. De acuerdo con información obtenida por Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), dos personas recibieron pagos simbólicos a cambio de entregar su documentación, que luego fue utilizada para facturar operaciones inexistentes por más de 27 millones de pesos.
Según las declaraciones de los prestanombres, los contratos incluyeron supuestos servicios como la venta y transporte de alimentos a policías, además del mantenimiento de patrullas, sin evidencia real de que dichos trabajos se hayan llevado a cabo. La Fiscalía señala que estas operaciones fueron ejecutadas desde la red cercana de Jorge ‘N’, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública y colaborador de confianza de Moreno.
Además, el líder del PRI estaría involucrado en otro escándalo relacionado con la contratación de una empresa de buceo que ofrecía asesoría jurídica y fiscal a la Administradora Portuaria Integral de Campeche. Esta contratación, carente de documentos comprobatorios, ha sido calificada por los investigadores como una maniobra irregular desde el gobierno estatal.
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Otro punto crítico es la entrega de contratos por 14 millones 157 mil pesos a la televisora local Mayavisión, dirigida por Miguel Ángel ‘N’. Estos pagos fueron gestionados desde la oficina de Comunicación Social, que estaba bajo el control directo del entonces gobernador, y son considerados por las autoridades como una compra encubierta para favorecer al medio.
En ese mismo esquema, Walter ‘N’, exfuncionario responsable de Comunicación Social, fue detenido en marzo y se encuentra vinculado a proceso por su participación en la red de desvío. Su testimonio es considerado clave por la Fiscalía para fortalecer las imputaciones contra Moreno Cárdenas.
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Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, el presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores, confirmó que en los próximos días se discutirá el dictamen que podría permitir el juicio político contra Alejandro Moreno. Sin embargo, desde Morena, Ricardo Monreal ha pedido que el proceso se mantenga bajo estricto apego a derecho para evitar interpretaciones de persecución política.
Alejandro Moreno, conocido como ‘Alito’, ya ha sido objeto de múltiples controversias durante su carrera, pero esta solicitud de desafuero podría marcar un punto de quiebre no solo para su futuro político, sino también para la ya debilitada estructura del PRI rumbo a las elecciones de 2027, donde el partido se juega su registro nacional.
