De manera confidencial, el presidente Donald Trump firmó una directiva que autoriza al Pentágono a usar fuerza militar directa contra cárteles latinoamericanos, una medida sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos. La información, revelada por fuentes cercanas al gobierno consultadas por The New York Times, indica que esta estrategia busca redefinir la lucha antidrogas al considerar a ciertos grupos del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras.
La decisión marca un giro drástico: transferir a las Fuerzas Armadas una tarea que tradicionalmente ha sido ejecutada por agencias policiales y de inteligencia, como la DEA o el FBI. El objetivo principal es frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas ilegales hacia territorio estadounidense, pero también ampliar el margen de acción contra estructuras delictivas que operan fuera del país. Según funcionarios militares, ya se trabajan planes operativos para posibles incursiones en el mar y en tierra extranjera, aunque no se han revelado públicamente detalles sobre los escenarios ni la temporalidad.
Esta directiva abre una caja de Pandora legal. Diversos expertos en derecho internacional advierten que el uso de fuerza letal fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso podría ser clasificado como ejecuciones extrajudiciales o incluso “asesinato”, especialmente si los objetivos no representan una amenaza inminente. Hasta el momento, no hay claridad sobre si existen opiniones legales definitivas por parte del Departamento de Estado, el Pentágono o la Casa Blanca que respalden jurídicamente estas acciones.
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La política antidrogas de Trump ya había mostrado señales de endurecimiento. En enero, ordenó al Departamento de Estado designar como organizaciones terroristas a grupos como el Tren de Aragua, la MS-13 y otros cárteles. La narrativa oficial sostiene que estos grupos representan una amenaza directa a la seguridad nacional, más allá del crimen organizado convencional. Hace dos semanas, su administración también incluyó al Cártel de los Soles, supuestamente liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, dentro de la lista de organizaciones terroristas globales.
La respuesta fue inmediata: el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anunciaron que se duplicaría la recompensa por la captura de Maduro, fijándola en 50 millones de dólares. La fiscal general Pam Bondi declaró que el mandatario venezolano “no escapará a la justicia y deberá rendir cuentas por sus crímenes”.
Durante su gobierno, Trump también desplegó tropas y elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur, con el objetivo de contener el ingreso de drogas y migrantes. Esa militarización de la frontera fue vista como parte de su estrategia más amplia para enfrentar al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación y a la Familia Michoacana, a los cuales también se les ha atribuido estatus de amenaza terrorista.
