El Tribunal Electoral del Estado de Campeche resolvió que los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali debían ofrecer una disculpa pública a la gobernadora Layda Sansores, tras considerarse que incurrieron en violencia política en razón de género a través de comentarios difundidos en redes sociales.
Las disculpas fueron leídas por los comunicadores en una transmisión de La Barra Noticias, a través de YouTube y Facebook, en cumplimiento de la resolución judicial. El texto reconoció que las expresiones emitidas durante una emisión anterior fueron ofensivas, estereotipadas y constituyeron violencia mediática y digital contra la mandataria estatal.
La decisión del tribunal se suma a otros episodios en los que la gobernadora ha emprendido acciones legales contra periodistas que la han criticado públicamente. En el pasado, también ha señalado al comunicador Jorge González Valdez y al periódico Tribuna, por publicaciones que, según ella, transgreden su dignidad.
En este contexto, una jueza del estado de Campeche, Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, emitió una medida cautelar que obliga a nombrar a una persona encargada de revisar las publicaciones y comentarios realizados por González Valdez y el medio Tribuna con respecto a la figura de la gobernadora.
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Estas decisiones han generado preocupación a nivel internacional. El pasado 22 de julio, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre el resurgimiento de mecanismos de censura en México, destacando decisiones judiciales que podrían constituir un retroceso para la libertad de expresión y la labor periodística independiente.
Desde su sede en Miami, la organización enfatizó que lo ocurrido en Campeche no es un hecho aislado, sino parte de un patrón creciente de hostilidad contra la prensa, especialmente en estados donde las autoridades utilizan instrumentos legales para limitar la crítica pública.
Uno de los casos que la SIP señaló específicamente fue el del periodista Jorge Luis González Valdez, a quien se le prohibió referirse públicamente a la gobernadora Layda Sansores San Román, medida sin precedentes en el país y que ha sido ampliamente cuestionada por organismos de defensa de derechos humanos y libertad de prensa.
