El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) reveló que dos ciudadanos mexicanos fueron acusados formalmente de presuntamente sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) con el objetivo de obtener contratos millonarios a través de prácticas ilegales.
Los señalados son Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61, quienes habrían conspirado para pagar al menos 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de Pemex y su filial Pemex Exploración y Producción (PEP), con la finalidad de recibir favores que facilitaran negocios para empresas asociadas a ellos.
Cada uno enfrenta un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), además de tres cargos adicionales por violaciones sustanciales de la misma ley, lo que podría llevarlos a enfrentar penas de hasta cinco años de prisión por cada delito, en caso de ser declarados culpables.
Según documentos presentados por autoridades judiciales, entre 2019 y 2021, Rovirosa, Ávila y otros involucrados ofrecieron y entregaron sobornos en forma de artículos de lujo, como productos de Louis Vuitton, relojes Hublot, dinero en efectivo y otros objetos de valor. Estos obsequios fueron dirigidos a al menos tres funcionarios de Pemex y PEP con el fin de que actuaran en beneficio de las empresas vinculadas a los acusados.
Los sobornos facilitados por Rovirosa permitieron que estas compañías obtuvieran contratos con Pemex y PEP por un valor superior a los 2.5 millones de dólares, según la acusación oficial del gobierno estadounidense.
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Ambos empresarios son de nacionalidad mexicana y residían legalmente en Texas, de acuerdo con el DOJ. Rovirosa fue procesado este lunes, mientras que Ávila permanece prófugo y es buscado por las autoridades estadounidenses.
El fiscal Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que este caso “envía un mensaje claro de que Estados Unidos no permitirá el uso de sobornos para enriquecer a funcionarios corruptos ni para distorsionar la competencia justa en el mercado”.
Actualmente, el caso está siendo investigado por el FBI y por agencias de Seguridad Nacional, mientras se continúa con la recolección de pruebas documentales y testimoniales. Aunque los acusados mantienen su presunción de inocencia, el proceso avanza con base en la acusación formal emitida el lunes 11 de agosto.
