
El Gobierno de México anunció que reiniciará el procedimiento penal contra Alonso Ancira, exdirector de Altos Hornos de México (AHMSA) y conocido como el ‘Rey del Acero’, luego de que el empresario incumpliera con el pago de la reparación del daño relacionado con la venta de la planta chatarra de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Durante la conferencia matutina de este martes, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que el acuerdo firmado por Ancira en 2021, que le permitió obtener su libertad, ya no es válido. En dicho acuerdo, el empresario se comprometía a devolver 216 millones de dólares al Estado mexicano como parte de la reparación del daño.
“Ese acuerdo ya no es válido y por lo tanto reiniciamos el procedimiento penal. Vamos a hacer primero todas las gestiones para que esta persona asuma la responsabilidad”, declaró Gertz Manero. Además, indicó que Ancira realizó algunos pagos al inicio, pero dejó de cumplir posteriormente.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) explicó que Ancira posee nacionalidad estadounidense y actualmente reside en Estados Unidos, por lo que se explorarán vías de asistencia jurídica internacional para lograr que el empresario cumpla con sus obligaciones legales.
“Ya nos comunicamos con Pemex y vamos a darle la respuesta, eso no se puede quedar así”, afirmó el fiscal, agregando que el proceso se reinicia porque Ancira no cumplió con la reparación del daño ofrecida al Estado. “Reiniciamos el procedimiento con todos los actos procesales necesarios para hacer cumplir la ley”, sentenció.
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La deuda de AHMSA por este caso se arrastra desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018–2024), quien en mayo de 2023 había ofrecido reestructurar la deuda de entre 3 mil y 5 mil millones de pesos (entre 162 y 270 millones de dólares). Sin embargo, en abril de 2023, un juzgado declaró en estado de quiebra a AHMSA, y nombró a la Cámara de Comercio del municipio de Múzquiz como síndico del proceso. La resolución fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El origen del caso se remonta a 2013, cuando Pemex compró la planta de Agronitrogenados, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, por aproximadamente 650 millones de dólares, a pesar de que llevaba 14 años abandonada. La Auditoría Superior de la Federación estimó un sobreprecio de al menos 200 millones de dólares, basado en la primera evaluación del estado de la planta.
Este escándalo también involucró al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien fue arrestado por su participación en la operación y permaneció en prisión hasta febrero de 2025, cuando obtuvo su libertad condicional.




