El Gobierno de Estados Unidos entregó a México a Julio César Chávez Jr., exboxeador e hijo de la leyenda del pugilismo mexicano, luego de ser señalado por delincuencia organizada y tráfico de armas. La Fiscalía General de la República (FGR) había obtenido una orden de aprehensión en su contra desde marzo de 2023, y su detención ocurrió el pasado 2 de julio en California, según confirmaron autoridades mexicanas.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la entrega del excampeón mundial se realizó en la Garita Dennis DeConcini, ubicada en el estado fronterizo de Sonora. Tras su ingreso al país, Chávez Jr. fue trasladado a los separos de la Policía Federal Ministerial y posteriormente enviado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 11 en Hermosillo, donde permanece bajo custodia.
La situación legal de Julio César Chávez Jr. se ha complicado aún más tras ser identificado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos como presunto integrante del Cártel de Sinaloa. Esta relación habría comenzado tras su matrimonio con Frida Muñoz, ciudadana estadounidense y exesposa de Edgar Guzmán, hijo fallecido de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder histórico del cártel.
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Además, una investigación de la Fiscalía General de la República, dada a conocer por diversos medios mexicanos, sostiene que el boxeador no solo tenía nexos con la organización criminal, sino que incluso castigaba a golpes a miembros del Cártel de Sinaloa por orden de sus superiores. En particular, fue descrito como un “esbirro” de Néstor Ernesto Pérez Salas, alias ‘el Nini’, uno de los jefes de seguridad del grupo criminal.
Las versiones indican que ‘el Nini’ le daba instrucciones directas a Chávez Jr. para golpear como si fueran costales de entrenamiento a subordinados que cometían errores, como método de castigo físico y control interno. Esta dinámica se habría desarrollado dentro del entorno del cártel, donde el boxeador era visto como una figura útil para aplicar sanciones violentas sin dejar rastro evidente.
La acusación formal presentada por la FGR se sustenta en dos llamadas telefónicas interceptadas entre presuntos narcotraficantes, así como en registros migratorios compartidos por el gobierno estadounidense. A ello se suma una detención anterior de Chávez Jr. por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que habría contribuido a perfilar su comportamiento dentro de la investigación transnacional.
