Ante la inminente desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP) en Guanajuato, este jueves se llevó a cabo el foro “El futuro de la transparencia en Guanajuato”, un espacio de análisis sobre las implicaciones legales y técnicas de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica impulsada por el gobierno federal.
El evento, organizado por el Pleno del IACIP —integrado por la comisionada presidenta Mariela Huerta Guerrero, el comisionado Alejandro Rocha Pedraza y el comisionado Juan Sámano Gómez— reunió a más de 150 personas entre autoridades, organismos autónomos, contralorías, ayuntamientos y ciudadanía interesada.
Durante su mensaje, Huerta Guerrero destacó que el país enfrenta un cambio profundo en el andamiaje institucional que durante décadas ha garantizado el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Recalcó que el foro no solo buscó informar, sino también abrir un espacio de reflexión conjunta sobre cómo defender estos derechos en el nuevo contexto.
También lee: Presenta Samantha a Monserrat 2.0, la primera momia digitalizada en 3D
En su conferencia magistral, Gabriel Espinoza Ibarra abordó la desaparición de instituciones como el INAI, CONEVAL, COFECE y el IFT, y señaló que el país atraviesa una reconfiguración sin precedentes, con vacíos legales y operativos a nivel federal que podrían replicarse en los estados si no se toman acciones claras.
El foro también incluyó un análisis técnico-legal encabezado por integrantes del IACIP, donde se explicó que el Congreso del Estado tiene 180 días naturales, tras la entrada en vigor del decreto publicado el 15 de agosto, para crear las leyes secundarias que definirán el nuevo esquema estatal de transparencia y protección de datos.
La reforma constitucional impulsada desde el Ejecutivo federal —y replicada en los estados— implica la desaparición de los organismos autónomos como el IACIP, lo que representa un retroceso en materia de derechos ciudadanos, alertaron especialistas y participantes. Guanajuato se enfrenta así al reto de rediseñar un sistema que durante 22 años garantizó el acceso a la información.
