
Miles de habitantes en la Cuenca Alta del Río Laja, en el norte de Guanajuato, enfrentan una crisis silenciosa: consumen agua subterránea contaminada con arsénico y fluoruro, elementos peligrosos para la salud cuando superan los niveles seguros. Según un reportaje de El Universal, las comunidades rurales dependen de pipas que distribuyen esta agua contaminada para beber, cocinar y cuidar animales.

Los efectos más visibles están en la salud dental de adultos y niños. Habitantes presentan fluorosis dental, una condición irreversible que provoca manchas y fracturas en los dientes. Pero los daños van más allá: se han documentado casos de enfermedades renales, óseas y posibles efectos neurológicos, especialmente en población joven.
El análisis de 117 pozos en siete municipios reveló que 81 han superado los niveles permitidos de fluoruro y arsénico en la última década. El pozo “Tampiquito” en San Diego de la Unión, por ejemplo, contiene seis veces más arsénico de lo permitido. Otros como el de la Ex-Hacienda de Jesús reportan niveles de fluoruro hasta ocho veces mayores a lo recomendado por la OMS.

A pesar de la evidencia, San Miguel de Allende reservó la información sobre sus pozos, alegando que podría generar disturbios. Este municipio, reconocido como ciudad patrimonio y destino turístico internacional, oculta un problema que afecta también a quienes viven más allá del centro histórico: en comunidades rurales donde no hay acceso regular a agua purificada.
En 2021, el gobierno federal declaró a esta región como una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA), pero no ha destinado presupuesto ni acciones concretas. Ninguno de los tres niveles de gobierno ha impulsado un plan integral para atender los efectos de esta crisis hídrica y de salud pública.

Frente a la omisión institucional, comunidades como San Cayetano han iniciado una resistencia desde lo local, captando agua de lluvia como alternativa. Organizaciones civiles como Cuvapas han capacitado a la población para reducir su exposición a contaminantes. Las mujeres de estas comunidades, protagonistas de esta lucha, denuncian que “el agua nos está enfermando y el gobierno lo sabe”.
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Algunas autoridades municipales han comenzado a actuar. En San Diego de la Unión se instaló una planta purificadora con ósmosis inversa para distribuir garrafones de agua segura. Dolores Hidalgo, San Felipe y San Miguel de Allende han seguido pasos similares, pero la cobertura sigue siendo mínima.
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En el reportaje, El Universal también recoge la historia de Jimena, una niña de 9 años con fluorosis dental leve. Fue atendida por el Patronato Pro Niños, una organización que ha detectado afecciones relacionadas con el agua contaminada en más de 500 comunidades de San Miguel de Allende. Como muchas familias, cuando no tienen para garrafones, vuelven al agua del pozo: “la historia conocida”.
Fuente: El Universal




