Familias buscadoras de Guanajuato advirtieron que su seguridad permanece bajo riesgo constante. Señalaron que la violencia amenaza a quienes buscan y acompañan a víctimas desaparecidas.
Las buscadoras denunciaron además que algunos anexos inspeccionados por autoridades presentan colusión con prácticas de reclutamiento de jóvenes y narcomenudeo. Consideraron grave que tales espacios reciban respaldo oficial.
En el foro organizado en la Universidad Iberoamericana León, seis buscadoras reconocidas expusieron sus preocupaciones: Olimpia Montoya, Verónica Durán, Bibiana Mendoza, Evelina Guzmán, Norma Barrón y Angélica Zamudio.
El profesor Javier Barajas, padre de una víctima, expresó que las familias deben marcar las rutas de exploración. Criticó a las autoridades por imponer líneas oficiales.
Barajas y su esposa Tránsito Piña recordaron que abandonaron Salvatierra por amenazas relacionadas con su activismo. Afirmaron que este exilio forzado ejemplifica el riesgo permanente para buscadores.
El comisionado de Búsqueda, Héctor Díaz Ezquerra, informó que se realizaron acciones de búsqueda en 304 anexos del estado. Defendió la estrategia como complemento solicitado por familias.
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Asistentes expresaron rechazo. Indicaron que algunos anexos actúan como centros de captación criminal. Cuestionaron que la Comisión dedique recursos mientras fosas clandestinas continúan sin intervención suficiente.
El evento incluyó la presentación del Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones (ReDLab), iniciativa académica con apoyo de autoridades estatales y colectivos de familiares que mantienen exigencias activas.
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Académicos de la Ibero León expusieron proyectos de acompañamiento, talleres jurídicos, guías de orientación, mapas de fosas clandestinas y acciones de memoria para fortalecer las búsquedas en la entidad.
Las buscadoras denunciaron errores de la Fiscalía en identificación forense, como entregas equivocadas de cuerpos. Además, hicieron autocrítica por divisiones entre colectivos y falta de coordinación.
