En Guanajuato, aunque no se reporta control directo de precios como en otros estados, la extorsión y el cobro de piso continúan afectando a negocios, principalmente en municipios como Celaya.
Según revela un reportaje de El Universal, uno de los casos más representativos es el del sector tortillero, que desde 2019 ha denunciado amenazas y cierres de establecimientos, sin que las autoridades logren frenar esta dinámica. Los afectados prefieren mantenerse en el anonimato, por temor a represalias del crimen organizado.
A diferencia de otras entidades, en Guanajuato no se documenta aún un control explícito de productos de la canasta básica, pero la presión criminal sigue presente, operando en silencio y con una presencia que impide denunciar abiertamente.
En contraste, El Universal documenta que en al menos nueve estados del país, incluyendo Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Durango, Morelos y Tabasco, el crimen organizado ha tomado el control de los precios de alimentos, materiales de construcción, agua embotellada, cerveza, útiles escolares, entre otros productos básicos.
El reportaje detalla cómo cárteles como Los Viagras, Los Ardillos, Los Tlacos y el CJNG imponen precios, obligan a comerciantes a comprar mercancía robada y controlan rutas de distribución. En lugares como Apatzingán (Michoacán) o Chilpancingo (Guerrero), los comerciantes deben adquirir productos en bodegas controladas por los grupos criminales o enfrentar amenazas de muerte.
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En estados como Veracruz y Tamaulipas, el cobro de piso y la imposición de proveedores ha encarecido productos básicos, incluyendo el transporte público. En Durango y Coahuila, asociaciones de productores alertan sobre una ola de extorsiones que está asfixiando sus negocios, con autoridades locales señaladas de complicidad.
En Oaxaca y el Istmo de Tehuantepec, incluso los productores agrícolas son obligados a vender a precios mínimos, bajo amenaza. Lo mismo ocurre con comerciantes y empresarios que enfrentan préstamos tipo “gota a gota” y redes de extorsión vinculadas a negocios disfrazados de cajas de ahorro.
De acuerdo con Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, la extorsión es un delito que se dejó crecer, y hoy se encuentra consolidado en muchas regiones. “Es un mecanismo que utiliza el terror como herramienta de control, y muchas veces deriva en delitos mayores como secuestro o desaparición”, advirtió.
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Fuente: El Universal
