La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación por la presunta existencia de una red de extorsión operada desde la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en la que estarían implicados exfuncionarios federales y grupos del crimen organizado, incluyendo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel Santa Rosa de Lima y Guerreros Unidos.
Según lo revelado por el portal La Silla Rota, más de 6 mil gasolineras en todo México habrían sido obligadas a realizar pagos ilegales para evitar sanciones o recibir protección.
La carpeta de investigación FEMDO/FEITATA-CDMX/0000899/2024 incluye los nombres de los ex titulares de Profeco Ricardo Sheffield, actual senador por Morena, y David Aguilar Romero, así como a una red de colaboradores dividida en dos grupos conocidos como los “Guanajuatenses” y el “Grupo Monterrey”.
De acuerdo con un testimonio clave aportado por un exfuncionario identificado como “Pablo”, dentro de la dependencia se habría estructurado un sistema sistemático de cobro de cuotas irregulares, con amenazas vinculadas al crimen organizado.
Empresarios gasolineros eran presionados para entregar pagos regulares conocidos como “vacunas”, bajo el riesgo de ser expuestos en el programa “Quién es quién en los combustibles”, creado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y liderado por Sheffield.
Según el testigo, los recursos ilícitos se movían con apoyo de cárteles y funcionarios, y parte del dinero era presuntamente entregado a los altos mandos de Profeco.
Otros nombres mencionados en la investigación incluyen a Sergio Arturo Iturbe, señalado por establecer vínculos con Guerreros Unidos para manejar recursos en Guerrero, y Talía del Carmen Vázquez Alatorre, exsubprocuradora y actual diputada federal, quien habría recibido respaldo del CJNG a cambio de brindar protección a los responsables del esquema.
La logística y recolección de pagos recaía en el Cártel Santa Rosa de Lima, en coordinación con Ricardo de la Peña Gutiérrez, excoordinador general de Administración de la Profeco.
Los pagos mensuales por gasolinera, en zonas como el Valle de México, iban de 20 mil a 25 mil pesos, y eran documentados en archivos de Excel enviados directamente a altos funcionarios. A cambio, los empresarios obtenían alertas previas a inspecciones o evitaban sanciones que podrían cerrar temporalmente sus estaciones de servicio.
También lee: Clima en Guanajuato hoy 27 de agosto: chubascos y calor de hasta 35 grados
En el proceso de indagatoria, la FGR ha entrevistado a empleados de gasolineras en la Ciudad de México y el Estado de México, donde se identificaron a personas encargadas de presionar e intimidar para asegurar el cumplimiento de pagos.
Entre las pruebas, destacan capturas de pantalla de conversaciones entre “Pablo” y David Aguilar Romero, en las que se detallan listas de estaciones que ya habían cumplido con las cuotas. También se documentaron reuniones entre Ricardo Sheffield, Aguilar Romero y De la Peña Gutiérrez, en las que supuestamente se coordinaba la distribución de dinero, incluso en periodos electorales.
Consultado por el medio que difundió la investigación, Ricardo Sheffield negó tener conocimiento de cualquier proceso en su contra y rechazó que haya existido una red de extorsión en su gestión como titular de Profeco. Sin embargo, la indagatoria de la FGR continúa, y podría tener implicaciones legales y políticas en los próximos meses.
