El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, reveló que fue víctima de amenazas directas después de llevar a cabo operativos para recuperar espacios públicos ocupados de forma irregular. Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando halló balas afuera de su domicilio, situación que también afectó a funcionarios de áreas como Fiscalización y Desarrollo Urbano.
Ramírez Sánchez aseguró que estas acciones no lo toman por sorpresa. “Desde que decidí ser alcalde, sabía que enfrentaría presiones y conflictos, pero estoy dispuesto a dar la cara”, expresó. Ante estos hechos, su esquema de seguridad fue reforzado con el respaldo de la Guardia Nacional, aunque aclaró que no presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con el presidente municipal, la escalada de tensión se ha dado en etapas: primero hubo manifestaciones públicas, después advertencias, y finalmente actos de intimidación. Sin embargo, dejó claro que su gobierno no permitirá chantajes. “A quien tenga razón se le reconocerá, pero no vamos a tolerar irregularidades ni abusos”, dijo.
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El conflicto se detonó tras los recientes operativos de reordenamiento urbano, particularmente en un área de comercio informal cercana a la central camionera, donde se detectaron construcciones que bloqueaban el acceso público. Aunque el municipio intentó negociar y dar plazos razonables, al final se procedió conforme a la normatividad vigente.
“Algunos cerraron accesos con paredes y techos. Se dialogó, se ofreció tiempo, pero llegó el momento de actuar con base en lo que marca Desarrollo Urbano y Fiscalización. Fue entonces cuando comenzaron las amenazas”, explicó Ramírez Sánchez.
El edil afirmó que, tras los incidentes, recibió una respuesta inmediata del Gobierno Federal para reforzar su seguridad. “Me asignaron más elementos de la Guardia Nacional, se redobló mi vigilancia y vamos a seguir haciendo lo correcto por Celaya”, concluyó.
